El texto íntegro de la declaración del FOCIS es el siguiente:
La reciente sentencia dictada por el Juez Marcelo Domínguez obligando a la Municipalidad de la Ciudad de Salta a cesar en sus prácticas discriminatorias y arbitrarias en las que viene incurriendo a la hora de asignar fondos públicos para pagar “publicidad oficial”, es de un enorme valor jurídico y cívico.
El Juez ha desestimado, con argumentos de inusual solidez, la penosa defensa de la Municipalidad que pretendió y pretende que estos fondos públicos se asignen según los intereses, los caprichos o las necesidades electorales del Intendente de turno. El FOCIS sostiene que la sentencia del Juez Domínguez adquiere una importancia central en tanto revaloriza la Libertad de Expresión como Derecho Fundamental que no puede ser manipulado por la autoridad de turno, y en cuanto recuerda a todos que Salta está inserta en el orden internacional de los Derechos Humanos Fundamentales.
Tal importancia tiene que ver con las necesidades de cambio a las que los salteños debemos responder. No hay diálogo, debate, propuestas, intercambios sin Libertad de Expresión. En realidad, no hay democracia sin Libertad de Expresión.
La Intendenta no debería apelar esta la Sentencia.
No obstante, si optara por involucrar en este caso a la Corte de Justicia, los salteños tendremos oportunidad de evaluar el comportamiento del alto tribunal y su apego a la Constitución y los Tratados Internacionales.
A su vez, sería muy edificante que el Gobernador expresara su compromiso con los principios que dan contenido a la Libertad de Expresión y adoptara las medidas para someter la asignación de estos fondos públicos a reglas de transparencia y legalidad y, de paso, poner en marcha las normas sobre Gobierno Abierto.
Garantizar la Libertad de Expresión reclama también que la Legislatura apruebe el excelente proyecto de Ley que, bajo el impulso de Salta Transparente, han presentado varios diputados provinciales.
Las nuevas normas y los nuevos comportamientos que cabe exigir a los gobernantes han de suprimir la arbitrariedad y los manejos de “la pauta publicitaria” en función de los siempre mezquinos intereses electorales.
Y, en paralelo, tendrán que prohibir la megalomanía, el culto a la personalidad (que lleva a etiquetar bienes públicos con el rostro o el nombre de mandatarios), y la propaganda que busca adoctrinar o construir “patrias” excluyentes.
Los fondos públicos no pueden financiar operaciones de prensa ni opciones ideológicas. En una Democracia la publicidad oficial ha de tener, en todos los casos, un contenido institucional y un nítido compromiso con los principios y valores de nuestra Constitución.
Salta, 11 de enero de 2021.