Si bien la vida de esta abnegada mujer se ha apagado casi en silencio, los clamores por justicia para su hijo se han multiplicado de forma significativa al conocerse la noticia.
Por estas horas, Santos Clemente Vera espera en la cárcel de Villa Las Rosas que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de queja interpuesto a su favor por sus abogados salteños y el patrocinio de la organización internacional Innocence Project.
La injusta situación que vive Vera es todavía más injusta, si cabe, desde hoy, el día en que el preso político del establishment debe llorar la partida de su madre.
Sin embargo, lejos de aplacar los ánimos y de acallar las voces que reclaman justicia, los apoyos a Santos Clemente Vera parecen haberse reforzado en las últimas horas.
El jardinero sanlorenceño, condenado a ciegas por los jueces Luciano Martini Bonari y Rubén Eduardo Arias Nallar, que no lo tuvieron en su presencia ni un solo instante y que en abierto desafío a los principios y garantías procesales revocaron una sentencia absolutoria sin celebrar un segundo juicio contradictorio, mantiene el incondicional apoyo de Jean-Michel Bouvier, el padre de una de las jóvenes francesas violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011.
Vera fue imputado primero y juzgado después por este crimen, no por otra razón que porque el hasta ahora único condenado en base a pruebas científicas irrefutables -el antiguo empleado del gobierno Gustavo Lasi- señaló a Vera como uno de sus cómplices.
Esta acusación se produjo casi en la misma época en que el entonces Ministro de Seguridad y posteriormente diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner salió a descalificar las declaraciones del exsubcomisario Gabriel Giménez diciendo que no se podía dar crédito a la palabra de un delincuente.
Como algunos bien recuerdan, Giménez no solo dijo que Kosiner era uno de los que había ordenado el espionaje a políticos de la oposición, sino que también afirmó haber recibido órdenes del que fuera Secretario de Seguridad del gobierno de Urtubey, Aldo Rogelio Saravia, para realizar operaciones policiales de dudosa legalidad en territorio boliviano.
Las acusaciones de Giménez (un oficial de la Policía con grado de subcomisario) fueron sistemáticamente desoídas por jueces y fiscales, pero el magistrado que instruyó el sumario judicial por el asesinato de las turistas francesas dio todo el crédito a las afirmaciones de un gaucho como Gustavo Lasi, que pretendió arrastrar a su calvario a dos de sus mayores enemigos (Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi).
A falta de Martini siempre nos quedará Cinzano
La dolorosa situación de Santos Clemente Vera, agravada por el fallecimiento de su madre, encuentra a uno de sus verdugos judiciales en el más delicado de sus momentos. Luciano Martini Bonari ha sido señalado por el Procurador General de la Provincia como una de las piezas clave de un puzzle en el que, por no faltar, no falta ni el novelesco ingrediente del narcotráfico organizado.Fuentes cercanas a la Ciudad Judicial de Salta señalan con cierta suspicacia que desde hace semanas Martini Bonari no acude a su despacho en la sede del Tribunal de Impugnación y que «trabaja en forma remota», sin que se conozca que esté afectado de algún problema de salud o que pertenezca a algún grupo de riesgo cuyos individuos estén relevados de la obligación de trabajar a causa del riesgo pandémico.
En algunos lugares de Europa, desde donde se sigue con atención la evolución del caso Vera y preocupa el prolongado estancamiento de la investigación del crimen de las turistas francesas, se afirma que una desautorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación colocaría al joven magistrado salteño en una situación insostenible, que podría derivar en una acusación popular encaminada a su destitución por el órgano competente o en una renuncia espontánea al cargo.