La autora de la amenaza es -según se desprende de una comunicación por Twitter- la abogada Mariana Onetto, que se desempeña como secretaria letrada del Ministerio Público de la Defensa, que dirige Pedro García Castiella. Días pasados, Pérez publicó en su perfil de Twitter la fotografía de un vehículo oficial estacionado en un lugar prohibido. El vehículo en cuestión circulaba con un cartel, colocado en el interior, que lo identificaba como perteneciente al Ministerio Público. La foto se limitaba a identificar al vehículo, mas no a su ocasional usuario.
La publicación de la fotografía ha sido efectuada no con otra intención que la de poner de relieve el muy bajo nivel de cumplimiento de las normas que nos rigen por parte de magistrados o funcionarios que, en la órbita de sus respectivas competencias -o incluso fuera de ellas- ejercen de policías de los ciudadanos y los persiguen hasta por el incumplimiento más intrascendente.
La fotografía de Pérez ha merecido la reacción casi inmediata de la abogada Onetto, quien le ha dirigido a la periodista el siguiente mensaje: «Te pido que bajes inmediatamente la foto o iniciaré acciones legales en tu contra por publicación de datos».
Los tribunales de justicia de la Argentina, así como de otros países del mundo, consideran que el anuncio de acciones legales no constituye un delito de amenazas, pero siempre y cuando quien formule el anuncio esté amparado en Derecho.
Pero en el caso de esta fotografía, la pretensión de la señora Onetto carece de cualquier asidero legal, ya que los datos de los vehículos oficiales (que pertenecen al Estado provincial) son públicos por definición y las violaciones a las normas perpetradas por magistrados o funcionarios, en uso de estos recursos públicos, no pueden ni deben permanecer en secreto. Y si no, que se lo pregunten al exgobernador Urtubey, a quien su intento de mantener en reserva el uso de los aviones del Estado no le ha dado ningún resultado.
El exceso verbal de la abogada Onetto no debe pasar desapercibido. No ya por su ataque desembozado a la libertad de informar, sino porque actitudes como la de ella ponen en seria duda la regularidad y transparencia de todas las actuaciones del Ministerio Público de la Defensa.
García Castiella debería exigir ya mismo la renuncia de la secretaria letrada o, en caso de que se negare a presentarla, disponer su cese, previo ejercicio de su derecho a defenderse, un derecho que Onetto no quiso reconocer a la periodista Marcela Pérez.