En mi modesta opinión, este particular pedido solo contribuye a rebajar y a oscurecer la muy digna lucha que libran los familiares de las víctimas de delitos graves en Salta, puesto que lo mismo se pide «justicia» para seres humanos que han sido brutalmente asesinados, que para unos perros que aún no se sabe si ya estaban muertos cuando fueron colgados, puesto que no se les ha practicado una «perropsia».
Quizá por respeto hacia las víctimas de graves crímenes y de sus familiares, quienes pretenden que alguien se haga responsable de un acto reprochable como es colgar a dos animales de un puente lo que deberían pedir es la aplicación rigurosa de la ley, y no «justicia». Hagamos un esfuerzo por reservar este valor superior de la convivencia para los seres humanos.
La humanización de los perros en Salta no es cosa de ayer.
Recuerdo que hace por lo menos unos 50 años, un agente uniformado de la Comisaría de Cerrillos se presentó en mi casa con la libretita reglamentaria y la orden (vaya a saber emanada de quién) de poner a su disposición un perro sin raza que vivía arrimado a mi casa, que de vez en cuando tironeaba algún toncoro, y al que llamábamos cariñosamente «Pocho».
El perro había sido denunciado por un motociclista que adujo ante la Policía haber sido mordido en el garrón mientras intentaba superar la peligrosa carrera de «Pocho», que se había lanzado tras la moto.
Sin más pruebas que la declaración probablemente falaz del presunto mordido, el agente dispuso que «el can agresor», como él lo llamaba, fuera trasladado de inmediato a la perrera local, a fin de que se le practicaran los análisis correspondientes para descartar que fuera portador del temible mal de rabia.
Sin oponer ningún tipo de reparo, un hermano mío tomó tranquilamente al perro y se lo entregó al agente requirente, pero este, sorprendentemente, se negó en redondo a recibirlo. La razón que adujo fue para una antología del absurdo.
‘El can agresor no puede ir solo en el móvil policial. Tiene que ir acompañado por un familiar’, dijo el agente, enfurruñado.
Intentamos explicarle entonces que el perro en cuestión era mayor de edad y que podía someterse a los análisis por su cuenta, firmando, de ser necesario, un consentimiento informado. Era muy entendido el caschi.
Pero el cana, en sus trece, insistió en que debía acompañarlo «un familiar», a pesar de que el perro no solo era huérfano bilateral sino que era el único sobreviviente de una camada de unos siete cachorros, la mayoría de los cuales había pasado ya a mejor vida.
A lo que se refería el agente es que «uno de los dueños de casa» debía acompañar al animal, a pesar de no mantener con el sospechoso perro ningún vínculo de parentesco ni trato familiar. En vano fue preguntarle si el «familiar» iba en calidad de «detenido», ya que su citación, tajante y compulsiva, así lo hacía temer.
Así fue que, para que se haga «justicia», uno de nosotros se tuvo que montar a la parte trasera del Jeep policial (antes se desplazaban en este tipo de vehículos) con el pulgoso sachapariente y pasar toda una noche en vela en la perrera.
Vamos, que si se hubiera tratado de una parturienta, los policías no se hubieran tomado su trabajo con tanto celo y la hubieran dejado que se desangre en la vereda antes que mover su Jeep y quemar el valioso combustible policial.
Por razones como esta es que tiene algún sentido que en Salta se pida «justicia» para los perros. Las puérperas pueden aguantar.
Overbooking en los pedidos de justicia
El Estado salteño se tiene que decidir: o retrocede humillantemente la adhesión a la ley de desfederalización del microtráfico, o propone al gobierno nacional la federalización de los delitos contra los perros.Nuestras cárceles están a tope y los fiscales ya tienen demasiado trabajo con la cantidad de «macabros hallazgos» que se producen en esta época del año, así que nos tenemos que decidir por alojar a unos o a otros delincuentes, y, en su caso, pasarle la factura a otro, que es lo que mejor sabemos hacer.