La decisión del Papa supone que las autoridades eclesiásticas no podrán oponer, a partir de ahora ni el llamado secreto pontificio ni la «propiedad» de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los documentos obtenidos por la Iglesia en sus procedimientos para negarse a colaborar con la jurisdicción ordinaria de los tribunales de justicia civiles que investigan a sacerdotes por este tipo de hechos.
En la órbita jurisdiccional de la Arquidiócesis de Salta el asunto ha llegado a unos niveles insoportables de resistencia, que han obligado a los jueces provinciales a ordenar, por primera vez en la historia, allanamientos a las oficinas del Arzobispado, en busca de pruebas que incriminen a los sacerdotes investigados.
Aferrados o no al derecho vigente, la postura defendida en relación con estos asuntos por el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello era ya irrazonable e insostenible. Lo mismo -aunque un poco más grave por el nivel de agresividad verbal de sus declaraciones y desprecio por las buenas maneras- puede predicarse del sacerdote español Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval, mano derecha de Cargnello en asuntos jurídicos y juez eclesiástico de la Arquidiócesis.
Este sacerdote se ha enfrentado con inusitado tesón a quienes reclamaban a la Iglesia salteña los documentos eclesiásticos que necesitaban los jueces del territorio para esclarecer un número bastante significativo de asuntos de presuntos abusos sexuales cometidos por clérigos en la jurisdicción canónica de Salta. Y no solo eso, pues valido de su ascendiente sobre el Arzobispo, el cura utilizó las redes sociales para llamar «asesinas» y «destructoras de vidas» a las mujeres del pañuelo verde, que reclaman por la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.
Lo cierto y verdad es que ni Cargnello ni Pinto debieron haber tensado tanto la cuerda y forzado el allanamiento, que denigra a la Iglesia como institución y esparce sombras de sospechas de encubrimiento sobre toda la jerarquía católica, cuando es sabido que muchos sacerdotes con altas responsabilidades son partidarios de que los documentos se entreguen sin reservas ni demoras a los jueces civiles.
La decisión del Papa confirma que la resistencia de los curas salteños a facilitar las investigaciones judiciales del Estado argentino y del salteño en particular era contraria al sentido común y afectaba gravemente al prestigio y credibilidad de una institución como la Iglesia.