Debe ser el primer caso en el mundo que una instalación de estas características no ha sido precedida de un intenso debate social y jurídico sobre la protección al derecho fundamental a la intimidad personal y al derecho a la integridad de los datos sensibles de las personas.
Es curioso que en Salta el Ministerio de Seguridad del gobierno provincial haya anunciado que las dos primeras cámaras de vigilancia con capacidad para detectar automática e inmediatamente «rostros y patentes» fueron instaladas en una zona de la ciudad en la que existe una abundante oferta de hoteles por horas para parejas.
Más llamativo que lo anterior, sin dudas, es que el anuncio del gobierno no contemple de ningún modo la prevención a los automovilistas sobre los límites de la utilización legítima de la información captada por esos dispositivos y guarde absoluto silencio sobre la forma y los tiempos en que los afectados pueden ejercer sus derechos ante un el uso ilegítimo o desviado de esta tecnología.
La información solo dice que la instalación de las cámaras forma parte de un «plan» puesto en marcha el pasado mes de mayo, sin que se sepa qué autoridad ha formulado dicho plan y en qué consiste. Dice también que los nuevos equipos se encuentran en Salta desde «hace más de un mes» y que su funcionamiento obedece a un «proceso de modernización».
El caso es que todavía faltan instalar en Salta 1398 cámaras de este tipo de las 1400 que el gobierno dice que va a instalar, pero no dice cómo ni para qué las va a usar.
Cualquiera sea el tiempo que el gobierno tarde en completar la instalación, lo cierto es que las parejas que busquen llegar a los hoteles alojamiento de la zona aledaña a Villa Palacios deberán hacerlo en colectivo o en vehículos sin patente, puesto que en cualquier otro supuesto la Policía podrá enterarse quiénes y cuándo acuden a estos hoteles para hacer sus cosas.