
Esta tarde, una periodista de Salta, cuyo nombre no viene al caso citar, preguntó en Twitter de forma más o menos retórica «¿qué hacemos con Gaspar Cinco?», como si la suerte del acusado de envenenar a su novia y a su pequeño hijo estuviera en manos de ella y de algunos más, y el juez Ángel Amadeo Longarte estuviera algo así como pintado en el asunto.
Pero si la pregunta ya tenía su miga, la respuesta de otra colega periodista (cuyo nombre tampoco es preciso mencionar) dejó con la boca abierta a más de uno: «En la cárcel se van a encargar de hacerlo pagar, y no la justicia, sino los otros reos...».
A la extraordinariamente humanitaria respuesta de la periodista le siguió otra aún más tierna de quien había lanzado la anterior pregunta: «O se la cobran bien (y definitivamente) cobrada o este engendro sale antes de los 45».
Demás está decir, que con «engendro», la autora del post se refería al acusado en el juicio.
Pero lo interesante no está en el uso de este cultérrimo vocablo sino en el «cobro definitivo» que propone la señora periodista.
Es poco menos que evidente que si alguien quiere que el acusado, una vez condenado como corresponde, no recupere su libertad antes de los 45 años, el «cobro definitivo» no es otra cosa que la muerte en el interior de la cárcel, y no por una decisión judicial, obviamente, sino por la acción justiciera de esos paladines defensores de nuestras mejores costumbres gauchas que son los «otros reos».
Según parece, en un sector de la prensa de opinión de la Provincia de Salta predomina la idea de que el castigo penal previsto en las leyes y cuya efectividad depende de un pronunciamiento judicial es escandalosamente insuficiente para «hacer pagar» las ofensas cometidas por algunos.
Para este tipo de casos -llamémosle «aberrantes»- no hay nada mejor que dejar las cosas en manos de la «justicia intracarcelaria», que como todo el mundo sabe, con sus particulares códigos morales, va un poco más allá de la sodomía reglamentaria y de las peleas en las duchas.
Con palabras que dejarían al mismo Neruda a la altura del betún, estas dos señoras periodistas de Salta se han encargado de hacernos ver que la justicia (la de Longarte y sus lánguidos colegas del Tribunal de Juicio) no sirve para nada y que para castigar a los delincuentes no son suficientes ni las cárceles ni el código penal. Es necesario ir «a lo definitivo», llegar hasta el hueso, y para ello nada mejor que dejar el castigo en manos de los «otros reos» que son los que tienen la posta en esta materia.
Aunque nos frotemos los ojos de incredulidad, este y no otro es el estado de la opinión (que no la opinión del Estado) en materia de castigos penales. Hemos pasado de la «cárcel para todos» a la «solución final» a cargo de los presos más antiguos. Todo un avance en materia de derechos humanos, firmado en este caso por dos periodistas (mujeres).