Un medio de comunicación de Salta ha dado a conocer el nombre y apellido de una niña de solo diez años de edad que días pasados obtuvo del Registro Civil la rectificación de su sexo en su partida de nacimiento y le fue expedido su primer DNI como mujer.
Si bien la ley nacional 26.743 establece en su artículo 9º, con carácter excepcional, la posibilidad de que el o la titular de los datos -en este caso, los representantes legales del niño- puedan dar su autorización para que se dé a publicidad la rectificación registral del sexo y cambio del nombre de pila, el funcionario a cargo del Registro Civil, antes de permitir alegremente la publicidad del acto, debió valorar si la misma es compatible con la adecuada tutela del interés superior del niño y si protege como es debido sus derechos a la intimidad y a la propia imagen.
Para autorizar que los medios de comunicación fotografiasen a la niña en cuestión, junto con sus padres y el funcionario autorizante, antes se debió dar intervención al asesor de incapaces para que este expresara su opinión acerca de la legalidad de la autorización parental y los efectos no deseados de la publicidad del acto.
Pero en este caso particular, han podido más la torpeza y la demagogia del director del Registro Civil de Salta que sus obligaciones de velar por el respeto y la incolumidad de los derechos del niño, ante la evidencia casi incontestable de que los mismos podrían haber sido transgredidos por su propios progenitores.
Desde luego, es inadmisible que a través de los medios de comunicación se haya dado a conocer el nuevo nombre de pila de la niña (uno de los datos protegidos por la ley) y que otro medio de acrisolada irresponsabilidad editorial haya publicado en su cuenta de Twitter también el apellido de la menor.
El único responsable de estos lamentables excesos es el director del Registro Civil de Salta y, en menor medida, el asesor de incapaces de turno, que debió impedir la publicidad de la modificación de los datos registrales si, como parece, la difusión de los mismos resulta perjudicial para la vida y los derechos de una menor de edad cuyos padres la han expuesto como si fuese un trofeo o un animal exótico, con la ayuda de un funcionario que no sabe dónde está parado y de unos medios de comunicación que son capaces de todo por un clic.
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