Horas después de conocerse que la familia de la fallecida Luján Peñalva (una de las jóvenes halladas muertas en un descampado cercano a Río Ancho, en el invierno de 2012) lleva adelante una investigación paralela del hecho con el auxilio de peritos y expertos estadounidenses, el gobierno provincial de Salta ha reaccionado. Lo ha hecho a través la 'chaperona mayor del sultanato', la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, Cintia Pamela Calletti, cuya cartera ha informado que el padre de la joven fallecida, señor Gustavo Peñalva, y su abogado fueron atendidos personalmente por la ministra y por su Secretaria de Justicia.
La información proporcionada por el aparato oficial de comunicación del gobierno es ridícula, por el hecho de que dice que las partes hablaron sobre el alcance del programa de acompañamiento (algo de lo que la familia de la fallecida podría haberse enterado con solo consultar la página web del ministerio).
Dice también que «se analizaron alternativas para acompañarlos en su pedido de reapertura de la causa judicial», pero en ningún caso se informa cuáles hayan sido esas alternativas.
Sin embargo el solo hecho de que tales alternativas existan (hecho no negado por el gobierno), pone de relieve la contradicción flagrante en que incurrre la Ministra de Derechos Humanos y Justicia del gobierno de Urtubey, que hace solo una semana envió a Jean-Michel Bouvier (padre de unas de las turistas francesas violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011) una carta en la que afirmaba de forma rotunda que era imposible que su gobierno pudiera ayudarlo en su pedido de reapertura de la causa judicial relacionada con el asesinato de su hija y de su amiga Houria Moumni.
Del tenor literal de la comunicación de prensa del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta se desprende que la señora Calletti solo puede poner a disposición de las víctimas y de sus familiares un «equipo interdisciplinario de contención», mas no mover ningún recurso para lograr que los crímenes sean resueltos en tiempo oportuno y de forma satisfactoria, como hace la mayoría de gobiernos del mundo.
Esta actitud, que pone en entredicho el verdadero compromiso con la verdad y con la justicia, rebaja al ministerio que dirige la señora Calletti a la altura de un kiosco de revistas. Pero solo cuando se trata de lavarse las manos y eludir graves responsabilidades, puesto que cuando las circunstancias lo hacen propicio, la funcionaria y quienes la secundan en su tarea ocupan grandes espacios en los medios de comunicación intentando aparecer ante los ciudadanos como el último baluarte de los derechos de las personas desfavorecidas.
Ahora, la señora Calletti deberá explicar en los próximos días a la opinión pública de Salta -si es que Bouvier no le obliga a hacerlo inmediatamente- por qué motivo parece que hay «alternativas» para instar la reapertura de la causa judicial por la muerte de Peñalva y Nüesch y no la hay en absoluto para reactivar la de Bouvier y Moumni.