La noticia es en sí mismo vergonzosa: El gobierno de Salta identificó a niños de comunidades originarias que no percibían asignación universal, por estar fuera del sistema nacional. En este caso, el lado positivo de la noticia (la incorporación al sistema), no alcanza para olvidar su lado negativo: En el siglo XXI hay niños nacidos en la Provincia de Salta que no figuran en los registros oficiales como seres humanos.
La situación descrita no puede tener otro responsable que el gobierno provincial, pues las prestaciones que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social se dirigen a aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley, uno de los cuales es -aunque parezca obvio- existir.
Es al Registro Civil que depende del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta a quien corresponde apuntar, sin exclusiones de ninguna naturaleza, los nacimientos que se producen en el territorio provincial, cualesquiera sean las características culturales o étnicas de los recién nacidos.
Si no lo ha hecho, no cabe echar la culpa a «los pueblos originarios», sino en primer lugar al Ministerio de Salud Pública (que permite que haya partos clandestinos y nacimientos no declarados) y a los agentes del Registro Civil, que conociendo estas circunstancias, no ha agotado los medios para anotar a los nacidos que han llegado al mundo sin contar con un certificado médico-hospitalario.
La omisión del gobierno, en casos como estos, se traduce en una gravísima agresión al derecho fundamental a la identidad, de que gozan los niños en virtud de los instrumentos internacionales que vinculan al Estado argentino.
Desde este punto de vista, el Ministerio de Primera Infancia -que es el que ha «descubierto» el error- es quien menos culpa tiene en el asunto. Pero ello no significa que no tenga ninguna, puesto que si cada día presume de su estupendo nivel de informatización, parece claro que la existencia de estos «niños invisibles» debió ser detectada mucho antes.