Se trata, en realidad, de una norma de cuidados paliativos que no prevé la eutanasia ni el suicidio asistido. No obstante, con la apertura del debate, España intenta superar el retraso en la materia, no solo respecto de otros países de su entorno, sino también de las comunidades autónomas españolas que ya cuentan con una norma similar (Andalucía, Asturias, País Vasco Galicia, Canarias, Baleares, Navarra, Madrid y Aragón).
La votación en el Congreso de los Diputados se ha llevado a cabo hoy martes y ha tenido como resultado 315 votos a favor contra 5 votos negativos y 17 abstenciones. Entre los grupos parlamentarios que han votado a favor se encuentran los del PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Compromís.
Según un diputado de Ciudadanos, autor de la iniciativa que se debatirá en el hemiciclo, más de 50.000 pacientes al año mueren sin unos cuidados paliativos de calidad porque sigue existiendo el ensañamiento terapéutico, quien cree que puede imponer el dolor a sus pacientes por sus creencias.
La propuesta de Ciudadanos sigue el modelo de las leyes autonómicas. Los derechos de los pacientes en todo su proceso asistencial –también al final de su vida– ya estaban recogidos en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que ya establecía aspectos como el valor del testamento vital y la capacidad del enfermo de rechazar un tratamiento, por ejemplo, pero la regulación es claramente insuficiente.
La norma que se debatirá en el Congreso consagra el derecho al paciente a recibir sedación al final de la vida (distingue entre dos niveles, una parcial y otra de pérdida de conciencia que denomina sedación paliativa y sedación en fase de agonía). Esta es la práctica más extrema a que se puede llegar legalmente, ya que supone dar medicación para calmar dolores u oros síntomas llegando hasta el punto de sedar por completo al paciente, incluso si eso supone acortarle la agonía por los efectos adversos no buscados de la medicación. No es ni eutanasia ni suicidio asistido, ya que en estos dos casos lo que se busca es directamente la muerte, bien mediante fármacos aplicados por un sanitario a petición del paciente en situación terminal (eutanasia) o facilitándole los medicamentos para que se quite la vida (suicidio asistido), que son delitos en España.
La ley también establece el derecho a estar acompañado en el proceso final, a recibir cuidados paliativos iguales en todas las comunidades, a que estos sean domiciliarios y a que, si se muere en un hospital, se respete la intimidad del proceso, por ejemplo, asignando habitaciones individuales.
Respecto a los profesionales, queda claro que deberán evitar dar tratamientos desproporcionados (lo que se conoce como limitar el esfuerzo terapéutico) y que deberá atenderse la voluntad del paciente por encima de los criterios morales o éticos de los profesionales.
Fuente: El País