Para reabrir la investigación de un crimen no es necesario que aparezcan «nuevos elementos». Basta con que los culpables (los autores del crimen y sus cómplices) no aparezcan; que no hayan sido identificados.
En el caso de las turistas francesas asesinadas en Salta en 2011, parece que esos «nuevos elementos», que algunos vienen exigiendo con llamativa insistencia para proceder a la reapertura formal de la investigación judicial, deben aparecer, bien por arte de magia, bien mediante su aportación por parte de las familias perjudicadas.
La aparicion de «nuevos elementos» no es condición para la reapertura sino más bien una consecuencia de la misma.
En nuestro sistema penal, son los fiscales (con el auxilio de la policía judicial) los que tienen que hacer aparecer esos «nuevos elementos»; no las familias ni los particulares. Exigirles a estas que se conviertan en motores de la investigación y pedirles que realicen esfuerzos extraordinarios en materia de recolección de pruebas, no solo es contrario al sistema penal inquisitivo sino que también es indigno.
Dicho en otras palabras, que es la autoridad pública la que, frente la certeza indubitada de que un crimen se halla impune, porque sus autores no han podido ser identificados, debe actuar y obtener esas pruebas o elementos que permitan enderezar el procedimiento y asegurar el cumplimiento de sus fines.
Y además debe actuar de inmediato. La investigación de un crimen impune jamás puede estar condicionada por la suerte de un juzgamiento anterior, máxime cuando este juzgamiento ha fracasado y existe la certeza de que la sentencia que resuelva los recursos presentados no podrá corregir los defectos de la instrucción.
Los viejos elementos
Pero en el lamentable caso de la turistas francesas no es tan importante obtener esos «nuevos elementos» sino saber qué hacemos con los viejos.Porque si algo ha quedado demostrado de modo incontestable durante los pasados cuatro años esto ha sido la enorme superficialidad (por no llamarle prevaricación) con que las autoridades judiciales de Salta han tratado y resuelto los «viejos elementos» reunidos en la investigación.
Las pruebas de interferencias políticas, de torturas policiales, de elementos de convicción inventados, de declaraciones dictadas, de sobreseimientos irregulares, de manipulación documental y de negligencias periciales son tan abundantes y contundentes que, más que reabrir el expediente, lo que convendría es reformularlo en su integridad, para darle lo que no tuvo desde el principio: una forma jurídicamente decente y moralmente inobjetable.
Si la Provincia de Salta, hasta ahora, no ha movido un solo dedo para buscar a los culpables que aún están en libertad, asumiendo con ello el riesgo de que el transcurso del tiempo pueda destruir las pruebas y blindar así la impunidad de los autores del crimen, es solo porque la cobardía de los fiscales (o su venalidad) lo ha impedido.
Porque los fiscales saben (o deberían saber), como lo saben muchas personas en Salta, que un sector de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial tiene toda la información que se necesita para poner en marcha otra vez la maquinaria judicial. Saben también que es muy posible que esta información esté siendo utilizada desde hace algún tiempo para extorsionar a ciertas personas comprometidas en el crimen. Es deber de los fiscales, de los jueces, del Jefe de Policía y del Ministro de Seguridad provincial hacer aflorar esa información de inmediato y aventar cualquier sospecha de corrupción policial. Es obligación del gobierno demostrar que no hay secretos ni verdades escondidas.
Si para destituir al juez Reynoso los fiscales son capaces de desplegar una inusitada actividad probatoria y de remover expedientes de cualquier naturaleza, sin importarles sin están concluidos o no, cabe preguntarse por qué razón ese implacable celo probatorio, esa ferocidad persecutoria, no está presente también en el caso de las turistas francesas.
A medida que el tiempo pasa, la probabilidad de que aparezcan «nuevos elementos» decrece exponencialmente. Cualquier elemento «nuevo», en la medida de que no es investigado oportunamente, tiende a volverse obsoleto e ineficaz. La inercia fiscal, la impavidez judicial y las ocultaciones policiales terminarán, más tarde o más temprano haciendo desaparecer o volviendo inútil cualquier posible «nuevo elemento». La clave -insisto- no son los «nuevos elementos» sino los viejos, como por ejemplo las tres huellas genéticas halladas en Francia a partir de muestras recogidas en la Argentina, sobre las que jamás (inexplicablemente) se han pronunciado las autoridades judiciales de Salta.
Esas tres huellas pueden decirnos quiénes son los autores del crimen, pero la opería solemne se opone a que se investiguen, en nombre de la cosa juzgada material y de algunas otras banalidades procesales, que por muy importantes que sean (¡Dios nos libre de contrariar al insigne Vélez Mariconde!), jamán pueden serlo más que la obligación -legal y moral- de investigar un crimen hasta sus últimas consecuencias.
Los salteños tenemos que evitar por todos los medios a nuestro alcance que el crimen de Cassandre Bouvier y de Houria Moumni se convierta en una mera leyenda urbana y que en el futuro se hable de él con la misma superficialidad y malicia con que se habla hoy de famosos crímenes de otras décadas, que jamás han sido resueltos. Parece que a los salteños nos gusta tener siempre a mano unas muertes sin autor conocido para poder atribuirles autores a nuestro gusto (normalmente, nuestros enemigos) y perpetuar así la cultura de la conspiración y los rumores infundados. Nuestro deber es impedir que el morbo y la venganza política, por muy necesarios que resulten para algunos, se confabulen para negar justicia a estas dos inocentes jóvenes extranjeras.