
El señor Bruna Pérez fundamenta esta inciativa en la «fuerte crisis de valores» que padece la sociedad salteña, «a consecuencia de diferentes procesos económicos y socioculturales».
Dice el diputado que «la familia, las instituciones, la solidaridad, el respeto por el otro y por uno mismo, se desvanecen».
Hasta tal punto no existe en Salta respeto por el otro o por las instituciones, que el diputado Bruna Pérez pretende obligar a todos los alumnos secundarios, por el solo hecho de serlo, a someterse a una prueba psicológica anual en la que se encuentra seriamente comprometido su derecho a la intimidad.
Bruna Pérez quiere que los estudiantes salteños -sin su consentimiento informado, ni el de sus padres, claro está- sean sometidos a la llamada prueba de Bender-Gestalt, que se utiliza, entre otras aplicaciones, para evaluar retrasos madurativos, dificultades en el desarrollo, funciones neurológicas o daño cerebral.
La iniciativa, que prevé también que en función de los resultados del test se clasifique a los jóvenes estudiantes salteños en grupos de bajo, medio y alto riesgo y que esta clasificación sea comunicada mensualmente al gobierno, vulnera gravemente el derecho a la intimidad de las personas y las normas que tutelan la autonomía del paciente y el secreto de su historial clínico, entre otros derechos importantes.