El diputado provincial Guido Giacosa ha presentado un proyecto de declaración con objeto de instar al gobierno provincial de Salta a instalar cámaras de vigilancia y circuitos cerrados de grabación permanente en todos los móviles y dependencias policiales de la Provincia. En un escueto comunicado de prensa, el legislador dice que su iniciativa responde a la «conmoción social» que generaron las imágenes de torturas policiales en una comisaría de General Güemes en el año 2012.
Señala además que el objetivo de este proyecto «evitar la violencia sistemática» en el marco de las investigaciones policiales.
Por último, el legislador sostiene que el sistema de cámaras de vigilancia en comisarías ya funcionó en otros países, como España, y en algunas dependencias policiales de la Provincia de Catamarca.
El legislador no aclara, sin embargo, qué autoridad controlará los datos y las imágenes generados por el sistema de vigilancia en las comisarías.
Las vídeovigilancia en las comisarías españolas
El funcionamiento de este tipo de cámaras en España está limitado, por el momento, a los cuerpos de policía autonómicos, como la Ertzaintza, que lo implantó en 2005, y los Mossos d'Esquadra, en 2007.Lo curioso es que en este país la presión para la instalación de cámaras de vigilancia en las comisarías no proviene de los ciudadanos sino de los propios policías, que a través de sus sindicatos han dado a entender en numerosas ocasiones que la vídeovigilancia en las comisarías no solamente redunda en la protección de los ciudadanos sino también de los propios policías.
En 2008, el Comité para la Prevención de la Tortura documentó 520 denuncias por malos tratos en comisarías y centros penitenciarios españoles. Solo en Catalunya, tras la implantación de las cámaras en la mayoría de las dependencias de los Mossos d'Esquadra, las denuncias por malos tratos cayeron en un 42%.
Los policías sostienen también que son un elemento disuasorio de las falsas denuncias por malos tratos policiales.
Los partidarios de la instalación de cámaras en las comisarías recuerdan que el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes obliga a los firmantes «a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura (...) en todo territorio bajo su jurisdicción» y remarca que «los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención».