Parece más que evidente que si los «tratamientos» que ordenan los jueces en sus sentencias no tuvieran algún grado de éxito, dichas «órdenes» no aparecerían con tanta frecuencia en las resoluciones judiciales.
En otras palabras, que los jueces de Salta -y especialmente las juezas- confían en el poder taumatúrgico de los tratamientos psicológicos, para cualquier trastorno de conducta conocido o por conocer.
Así, los magistrados parecen tener confianza ciega en que las psicólogas adscritas al Poder Judicial van a poder conseguir que tipos que llevan pegándole a su mujer durante años consigan «moderar sus impulsos». Los más optimistas piensan incluso que con una buena terapia, el agresor puede llegar a «respetar a las mujeres».
Para los bebedores y adictos hay también una amplia gama de «soluciones judiciales» a sus padecimientos. Si no las hubiera, sería muy difícil que un juez puediera acordar como regla de conducta que alguien «se someta a tratamiento para controlar sus adicciones».
La seguridad de que las psicólogas van a barrer con problemas muy complejos y de raíz generalmente muy profunda, roza el máximo de optimismo cuando, en los delitos en los que no hay violencia de género, ni adicciones, ni especiales perversiones, se expresa en la sentencia: «deberá someterse a tratamiento psicológico atento a la naturaleza del hecho cometido».
Esto significa, ni más ni menos, que todo delincuente, con independencia de su «especialidad criminal», es potencial «carne de diván».
Por ejemplo, si alguno ha traficado con carne de chancho en mal estado y le tocan tres meses de prisión condicional, deberá someterse a tratamiento psicológico para que un «profesional competente» lo encarrile por la senda del bien y que en el futuro no se plantee jamás volver a hacer daño a los inocentes chanchitos.
Se ve que los jueces y juezas de Salta no confían mucho en la capacidad de «resocialización» de las cárceles y las comunidades penitenciarias, y prefieren apostar todas sus fichas a la Psicología.
Es por esta razón, que en vez de realizar costosísimas elecciones para diputados, convencionales, senadores, concejales o intendentes, y teniendo en cuenta de que casi ninguno de ellos da pie con bola a la hora de enfrentar los principales problemas sociales, deberíamos llevar todos nuestros conflictos y patologías a la órbita del Poder Judicial.
Ya el Procurador General de la Provincia ejerce, por decisión propia, como una especie de «bombero universal», interviniendo directamente en problemas más o menos urgentes de cementerios, de malos olores, de baches en el pavimento y -más recientemente- en conflictos salariales de docentes.
¿Qué problema habría entonces en encargarle a las psicólogas del Poder Judicial que se ocupen de la inflación, del desempleo, de la inseguridad, de la crisis educativa, de la pobreza infantil, de la desnutrición en el Norte, de la falta de agua potable y del mal estado de nuestra red ferroviaria?
Casi todos nosotros, cuando leemos que un juez o una jueza confía al servicio de Psicología del Poder Judicial que se encargue de reformar al delincuente más feroz y sanguinario, lanzamos un suspiro de alivio. Pensamos «¡Qué buena gente esta jueza que se preocupa por la salud emocional de los delincuentes y al mismo tiempo se preocupa por la seguridad de los que vivimos del otro lado de las rejas!»
Que luego las tasas de reincidencia estén por las nubes, que los condenados se cosan a puñaladas en los patios de la cárcel, o que salgan de prisión como fieras inadaptadas y resentidas, importa en realidad bastante poco. Lo importante aquí es que esa digna y necesaria profesión no se quede sin trabajo.
Y es todavía posible que se les demande mucho más trabajo del que pueden ofrecer, sin en vez de tener que lidiar con violadores, maltratadores, asesinos, traficantes, ladrones y estafadores se ven obligados a atender todo el espectro esquizofrénico de la sociedad en la que vivimos, que es virtualmente infinito.
Por que si hay alguien en este mundo que consiga esculpir a ciudadanos ejemplares, empezando a tallarlos desde la basura, ese alguien son las psicólogas del Poder Judicial de Salta.