La opinión discrepante es un valor superior de la democracia, pero no parece que lo sea en Salta, en donde sostener posiciones que contradigan a las que sustenta el poder, expone a quienes las formulan a una persecución judicial de largo alcance en forma de denuncias, demandas y querellas.
En cualquier lugar del mundo, la mayor cantidad de querellas por supuestos «delitos de opinión» no solo da la exacta medida de la calidad de la democracia que se practica en tal lugar sino que también sirve para identificar con bastante claridad a los autoritarios, a los represores y a los intolerantes del territorio.
Cuando el poder se siente «agredido» por la opinión libre, los primeros que saltan como impulsados por un resorte son los «comisarios del pensamiento». Son ellos los que pretenden envolverse en la vitola de héroes del sistema pero lo que en realidad hacen -sin saberlo, por supuesto- es rendir un servicio de extraordinario valor a la democracia al aclarar de qué lado de la libertad se sitúa cada uno.
Afortunadamente, el aumento de las querellas criminales interpuestas por portavoces y amanuenses de los poderosos (así como por supuesto su creciente tasa de desestimación) nos alerta de que la opinión libre busca ensanchar sus espacios en Salta. Y esto es muy bueno.
La picazón que experimentan los que están acostumbrados a abusar del poder no se produce porque las opiniones sean más virulentas que antes sino porque las hay cada vez más y son cada vez más variadas.
Hace tiempo que la protección penal del derecho al honor está felizmente reservada para los ciudadanos comunes, para aquellos que no ocupan cargos públicos ni ejercen responsabilidades corporativas. Intentar mezclar el honor personal en asuntos en los que, para bien o para mal, se cuestiona la calidad, la eficacia, la pertinencia o la oportunidad de un trabajo público (remunerado -y a veces muy bien remunerado- por el conjunto social) es un acto de imperdonable cobardía. Buscar el amparo y la complicidad de compañeros jueces para defender posturas e intereses personales es más reprochable todavía.
Seguramente más peligrosa que la variante Delta es esta ola de querellas y amenazas de acciones legales que está a punto de desbordar las unidades de cuidados intensivos del pensamiento que explota el poder y que tiene más monitores funcionando que los que pudiera haber en cualquier hospital.
Ejemplos sobran, pero para no hacer interminable este discurso, me voy a referir a dos:
Uno las impresentables medidas cautelares solicitadas y obtenidas -en otras épocas, es verdad- por el actual Gobernador de la Provincia, decididas con cierta alegría por unos jueces dóciles que, sin siquiera abrir un libro, mandaron a cerrar el grifo de la opinión, bajo apercibimiento de «desobediencia judicial». Es muy triste y lamentable que el Gobernador no dé el ejemplo tolerando como un solo hombre las opiniones contrarias a su trabajo, aunque se trate de opiniones hirientes, injustas, molestas y desagradables. Al fin al cabo, estas también son opiniones sobre el desempeño público de un cargo electo por los ciudadanos, y están protegidas por nuestras normas fundamentales, como lo han declarado repetidamente los tribunales de justicia.
Dos, la más reciente reacción del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta ante las críticas lanzadas contra su vicepresidenta a causa de su injustificada valoración de la capacidad profesional de sus colegas del norte de la Provincia. El ilustre Colegio, lejos de pedir perdón (no lo pide sinceramente aquel que dice 'me disculpo si alguien se ha sentido ofendido'), ha respaldado sin dudar el exabrupto de su vicepresidenta, a quien ha protegido con el ya muy socorrido y cada vez menos efectivo argumento de que la señora ha sido atacada por su condición de mujer, como si el ser mujer fuese una especie de doble vacuna que permite a algunas personas eludir las normas a su antojo.
Es preocupante -aun para los bajos estándares éticos de Querellópolis- que el Colegio de Abogados amenace con denunciar a quienes han reproducido el archivo en que ha quedado grabado a fuego el agravio proferido a sus colegas por la ingenua vicepresidenta.
En Querellópolis abogados, fiscales y jueces amenazan con usar su poder contra comunicadores, opinadores y ciudadanos, no por otra razón que porque no saben convivir con la discrepancia, porque desconfían de la libertad y temen sus efectos.
Aquel que no sabe distinguir entre su persona y la función que desempeña, no es buen abogado, no es buen fiscal y no es buen juez. Confundir las dos esferas, hacer de ambas una sola, es producto de la creciente patrimonialización de los cargos públicos, que muchas veces viene de la mano de su ejercicio continuado sin controles democráticos de ninguna naturaleza.
Pues que sepan los llaneros solitarios de Querellópolis que la opinión es control, y que lo será siempre. Controla también -a su modo, claro- incluso aquella opinión que no disfruta de la razón, la que hiere sentimientos, la que provoca escozor, la que nos hace que se nos atragante el mate con bollo del amanecer.
Si algo nos enseña la democracia y la convivencia en libertad de personas iguales ante la ley es que la verdad y el honor no habitan en las oficinas públicas como se cree esta buena gente.
Pero mientras más recurran ellos y ellas a los remedios represivos, mientras más absurdas y desproporcionadas sean las peticiones de pena (por ejemplo prohibirle la salida del país a Sonia Escudero, como si fuese una lavadora internacional o una traficante de armas) nuestro debate democrático más se purificará, pues los autoritarios y los intolerantes quedarán retratados de por vida ante los ojos de sus semejantes.
Si esto funciona en Salta exactamente como aquí se describe, lo mejor sería empezar por no rasgarse las vestiduras criticando al nicaragüense Daniel Ortega por encarcelar a sus opositores. Al final, algunos que se dicen muy democrátas en Salta son extraordinariamente parecidos a él.