La diversión masiva y el desenfreno son en Salta auténticas «políticas de Estado».Basta para comprobarlo con echar un vistazo a la estructura del gasto público que se desprende de los presupuestos del Ministerio de Cultura y Turismo del gobierno provincial.
Por alguna razón, que se intuye básicamente electoralista, pero que también está relacionada con una estrategia controlada de embrutecimiento progresivo de la población, el gobierno que dirige Juan Manuel Urtubey emplea ingentes cantidades de dinero público en la promoción de fiestas populares y festivales musicales de un valor cultural muy discutible, pero que sirven para que el gran público perciba que el gobierno está haciendo realidad la eterna esperanza peronista de «la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación».
Entre todas estas fiestas, destaca el carnaval lugareño. El gobierno no solo lo fomenta en sus expresiones más auténticas y valiosas, sino que extiende un gran manto de igualadora impunidad sobre las manifestaciones más salvajes de esta fiesta. El ministerio que dirige el señor Mariano Ovejero, que no se caracteriza precisamente por distinguir entre la calidad y la basura, se esmera por no dejar a nadie fuera de la gran fiesta.
A nadie -especialmente a Urtubey y a Ovejero- parece inquietarle el hecho de que las estadísticas revelan que el carnaval salteño y su inusual extensión cronológica (ampliamente superior a la de cualquier carnaval del mundo, excepto quizá el que se celebra en el infierno) provocan, entre otras patologías sociales:
1) un aumento desenfrenado de la natalidad (los hospitales baten récords de partos y cesáreas en los meses de noviembre y diciembre de cada año);
2) un incremento notable de las cifras de muertos en accidentes de tráfico;
3) la multiplicación por cien del número de personas lesionadas en peleas y reyertas;
4) el incremento del consumo de sustancias estupefacientes y, lo que es todavía peor,
5) el aumento sostenido de casos de violencia contra la mujer, entre los que (sin contar los embarazos no deseados) se cuentan asesinatos y desapariciones.
El alegre fomento gubernamental al carnaval se produce este año, por primera vez, en el marco de una declaración formal de emergencia social por violencia de género, con lo que la situación es, si acaso, más grave.
En efecto, pues si al gobierno le consta (así lo dicho el Secretario de Derechos Humanos) que el carnaval propicia, entre muchos excesos, una mayor tasa de violencia contra las mujeres, el mismo gobierno debió pensar seriamente si la declaración de emergencia para proteger a la mujer no aconsejaba, no digamos ya prohibir el carnaval, pero sí al menos regularlo de una forma más restrictiva y, sobre todo, cortar las ayudas públicas y las subvenciones que el carnaval recibe.
Si rigiera en Salta una emergencia sanitaria por dengue o malaria ¿sería lógico que el gobierno invirtiera el dinero de todos en el fomento de las charchas y las aguas estancadas en donde se reproducen los mosquitos?
Como todo sigue igual y al parecer para el gobierno vale más un voto que la vida de una mujer, Urtubey y Ovejero siguen adelante con los carnavales más fastuosos de la historia, sobre cuyos escenarios se posan los peores artistas con los mejores salarios y debajo de cuyos rescoldos se ocultan muy graves y denigrantes casos de violencia contra la mujer.
Evidentemente, como en el caso del chancho, la culpa no es del carnaval sino de quien le da de comer.