Ahora -gracias a El Tribuno- conocemos la verdadera razón de la intervención al municipio de El Bordo.Al final, no se trató de una crisis política, como nos quiso vender el diputado Godoy, sino de una grave distorsión en los mecanismos de la economía de mercado.
En efecto, según las tremendas revelaciones del diario, a partir de las declaraciones de una menor de edad (que los periodistas de El Tribuno entrevistaron a cara pelada, sin aplicar ninguno de los rigurosos protocolos que se suelen observar en las declaraciones de menores de edad presuntas víctimas de delitos), el vil comercio en El Bordo tiene unos precios alocados. Y la culpa es, por supuesto, del Intendente.
En efecto, según las declaraciones de la testigo a los sagaces investigadores de Limache, otra menor de edad presente en el sarao, al recibir una propuesta económica para mantener relaciones sexuales, fijó como precio la cantidad de 500 pesos, pero el presunto oferente impugnó el precio con el siguiente argumento: «Yo pago chicas a 100 y ratas a 500».
Si el comentario hubiera sido efectuado por un transeúnte cualquiera o por uno de esos serviciales remiseros que «se encargan de todo», podría haber pasado desapercibido, pero hete aquí que quien bajó el martillo de la transacción fue -presuntamente y nada menos que- la máxima autoridad en materia de control comercial de la jurisdicción, con lo que su veredicto quedó grabado a fuego en los libros mercantiles del municipio.
Dejando a un lado las profundas connotaciones machistas y racistas del asunto (las que pasaremos por alto solo por ser hoy noche de sábado), lo cierto es que los términos de la transacción revelan varias cosas preocupantes.
La primera, que al menos unas de las tres menores investigadas por los fiscales «estaba en el negocio»; es decir, se dedicaba al comercio sexual, detalle que fue pasado por alto por los investigadores, entre otras cosas, porque de haber sido tenido en cuenta, se podría haber dado carpetazo al asunto ahí mismo, ya que el hecho no encaja en ninguna de las figuras delictivas descritas y reprimidas en los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal.
La segunda -más grave que la anterior, sin dudas- es que en El Bordo las «chicas» cotizan a la baja, mientras que las «ratas» (señoritas de menor nivel de sofisticación) quintuplican el precio de las primeras.
Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Programa Nacional de Precios Cuidados, que inmediatamente han telefoneado al diputado Santiago Godoy para que declare en El Bordo el estado de crisis con flagrante gravedad institucional, al haberse subvertido, no tanto los valores morales, sino el precio de la carne.
He aquí, pues, la verdadera razón de la intervención a El Bordo.