Según la visión racista de algunos, los fiscales penales de Salta representan la «superación étnica» de la casi bicentenaria pero sobrepoblada, obsoleta, ineficiente y devaluada Policía de Salta.
Los fiscales penales de hoy son los nuevos canas de Salta; un poco más «claritos» que los tradicionales de uniforme azul y con más pretensiones de autoridad, pero cortados por la misma tijera ideológica.
La crisis emerge cuando desaparece una persona en la selva montañosa, ya que por más que los fiscales «encabecen» la investigación (en los diarios), sobre el terreno ellos dependen como nunca de policías, bomberos, baquianos y un largo etcétera de profesiones hoy arrinconadas por el estéril elitismo (tal vez habría que hablar de supremacismo) que rezuma por los desagües atascados de la mole gris de El Huaico.
Hasta hace poco nos quejábamos de la arbitrariedad de los policías, de los malos tratos, de los abusos, de las torturas en las comisarías, de los pequeños chanchullos. Hoy nos quejamos de que los fiscales, para cuidar de su acrisolada virginidad, se blinden a sí mismos con medidas cautelares absurdas y manipulen el derecho penal en su propio beneficio. Las chapuzas y los excesos de los policías de azul se quedan pálidos al lado de semejante demostración de arbitrariedad y corporativismo.
No es posible que cuando en Salta se produce un incendio, una inundación, un choque en una esquina, una discusión en un bar, alguien se tuerce el tobillo en una de nuestras destripadas veredas o los cementerios se llenan a reventar, siempre aparezca un fiscal presto a capturar las emociones de los afectados y a saltar a las portadas de los diarios. Sucesos como aquellos provocan -en casi cualquier país del mundo- la intervención de la policía de cercanía, los bomberos, la defensa civil o incluso de algunas ONG, pero casi nunca la intervención de un magistrado.
La vida minúscula de los salteños es escudriñada minuciosamente por los fiscales, a los que más vale tratar de usted, porque a la más mínima nos imputan de «amenazas», «resistencia a la autoridad», «desobediencia judicial» y cualquier otro delito de lesa majestad, como en el Antiguo Régimen.
Tanta y tan intensa es la intervención del mundo fiscal sobre la vida cotidiana de las personas que incluso el Procurador General de la Provincia de Salta se ha dado el lujo de recorrer, en persona, los supermercados, para comprobar si las papas fritas estaban cerca de las aceitunas, y los pañales en la misma góndola que la leche en polvo. Si algo como esto hiciera la Policía, no pasarían muchos minutos que los trotskystas de Salta -con del Pla a la cabeza- saldrían a incendiar las calles y a denunciar «represión y ajuste»; pero como lo hacen los fiscales -bajo el beatífico paraguas de los jueces de garantías- en Salta nadie se queja.
No nos engañemos. A Fabiana Cari no la encontró ningún fiscal. Tampoco ha sido el gobernador Sáenz, que acudió raudo al campamento a sacarse la foto con la extraviada. No es bueno colgar medallas a quien no se las merece.
El final feliz de la historia de la señorita Cari se debe a la eficaz movilización de la sociedad salteña y no al despliegue de los fiscales. Se agradece, por supuesto, la colaboración de estos, pero no conviene sacar las cosas de su lugar.
Y si la cuestión no es sacarlas sino ponerlas, sería muy conveniente que empezáramos a pensar si esta especie de omnipresencia o ubicuidad fiscal es lo mejor que puede pasarle a una sociedad cuyos individuos amanecen todos los días deseando respirar un poco más de libertad que el día anterior.