Por ejemplo, hoy se ha sabido que el Secretario de Deportes del gobierno, señor Marcelo Córdova ha dado positivo en las pruebas rápidas a las que se ha sometido para detectar el coronavirus.
Como consecuencia de este resultado, no solo el señor Córdova ha sido convenientemente aislado, sino que la Secretaría de Deportes toda funciona con «guardias mínimas»; es decir, a medio gas y de forma irregular.
Días pasados se conoció la noticia de que el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo decidió cerrar toda la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, porque un empleado administrativo había contraído la enfermedad.
El cierre de la UDEC no solo supuso la paralización de los servicios que presta esta rama del Ministerio Público Fiscal, sino que fue aprovechada por su jefe Cornejo para reemplazar al fiscal Leandro Flores, que fue a quien se le encargó que firmara el archivo de la denuncia penal interpuesta contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey por utilización abusiva y fraudulenta de las aeronaves del Estado provincial para sus desplazamientos de campaña entre 2016 y 2019.
Aun suponiendo que el positivo de uno solo de sus agentes obligara al aislamiento preventivo del resto del personal (medida extrema que solo encontraría justificación si entre los empleados de un determinado organismo se produjeran «contactos estrechos», tal y como estos han sido definidos por la OMS), el deber del gobierno en esta emergencia consiste en asegurar la continuidad de los servicios que prestan las oficinas.
Es decir, que aun en el supuesto de que estuvieran sospechados de contagio todos los agentes de la Secretaría de Deportes, sus oficinas deberían funcionar normalmente, con personal desplazado desde otras áreas (recordemos que la Administración pública salteña es supernumeraria y si hay algo que no falta son empleados que no tienen nada para hacer), porque en ningún caso el trabajo que estos agentes desempeñan se puede entender como una prestación «personalísima».
En el caso de que el Gobernador tuviese que someterse a aislamiento, la ley prevé cómo ha de procederse a su reemplazo. Y si el Gobernador puede ser reemplazado y sus funciones constitucionales ejercidas por otro sujeto, ¿por qué no pueden hacer otros empleados el trabajo de los aislados? ¿Acaso no hay fiscales que no han tenido contacto estrecho con el empleado infectado?
Si el asunto tuviese más relación con los lugares que con las personas, basta con mandar a desinfectar unas oficinas para que puedan ser utilizadas nuevamente con un mínimo riesgo de contagio. Habrá quienes -como el Procurador General- además de mandar a fregar con lejía los escritorios y los picaportes encargue también un sahumerio preventivo para ahuyentar a los malos espíritus. Pero el aislamiento humano no significa automáticamente el precinto de unas instalaciones que están llamadas a funcionar sin interrupción.
No queremos pensar qué sucederá en Salta cuando se reanuden las clases y se produzca -esperemos que no- un contagio aislado en una clase. ¿Las maestras y los alumnos van a suspender sus actividades? ¿Se cerrará toda la escuela?
Lo mismo en el caso de la Policía. Si se contagia un agente, ¿nos quedaremos sin seguridad en las calles? Y si se contagia un chofer de Saeta, ¿nos vamos a tener que desplazar a pie por falta de colectivos?
El gobierno tiene que hallar un criterio uniforme para esto, un criterio que haga compatible el derecho a la salud con el derecho a los procedimientos administrativos y judiciales, algunos de los cuales no admiten demoras de ninguna naturaleza.
¿Qué ocurriría si el aislamiento preventivo de trabajadores a sueldo del Estado se llevara a cabo con suspensión del abono de los salarios? Pasarse 14 días en el dique seco sin cobrar un peso haría estallar las calles en protestas sociales, pero mientras se cobre el sueldo y uno se pueda pasar sin hacer nada en su casa, nadie protesta.
La suspensión de importantes actividades judiciales o administrativas en Salta demuestra finalmente que en nuestra Provincia los hombres y las mujeres son más importantes que las instituciones de las que forman parte.