No voy a detenerme en el tema de los pueblos originarios, puesto que es bastante sabido que tanto para el gobierno como para cierta prensa, el asunto de los indígenas es muy rentable en términos de imagen, aunque a veces se desfigure la idea y se caiga en el más vulgar de los racismos.
Lo que me ha chocado es que hay una definición oficial de lo que son «barrios populares». Ignoro qué norma la contiene, pero de lo poco que he podido ver en aquel panfleto hay en la Argentina un «registro» de este tipo de barrios, que adopta como criterio diferenciador la cantidad de servicios (luz, gas, agua, telefonía, etc.) que hay en determinados barrios. Así, son considerados «populares» los barrios que carecen de dos o más servicios. Lo que no me queda claro es cómo se llama a los barrios que no entran en esta categoría.
Lo que quiero decir es que al crear la figura del «barrio popular», automática tenemos como resultado que quienes habitan los barrios «no populares» no son considerados «pueblo», en el sentido que tal expresión es empleada en la Constitución argentina.
Es bastante sabido que la idea de equiparar al demos con la plebe no es un invento de la democracia sino de los fascismos, que buen rédito han sacado a lo largo de la historia de esta peligrosa identificación.
Es que hay que subrayar esto, porque en vez de elegir las denominaciones de «barrios pobres» o «barrios carentes de servicios» se ha elegido la de «barrios populares», para dar la idea de que lo popular está directamente emparentado con la carencia de derechos y de acceso a las fuentes del bienestar.
Relacionado indirectamente con este asunto, me ha chocado un poco la queja de una señora en Twitter que se manifestó escandalizada por la cantidad de aparatos de aire acondicionado que hay instalados en la villa 31 de Retiro, argumentando que ella -que no vivía precisamente en un «barrio popular»- no tenía uno.
Digo que me ha chocado, porque la señora se fijó solamente en una parte de la historia, y quizá no tuvo el tiempo o la inteligencia suficiente para advertir que las personas -sean ricas o pobres, vivan en barrios populares o en los otros- no tienen ningún derecho a maltratar al medioambiente con instalaciones precarias de aire acondicionado, que dejan escapar el frío en viviendas mal aisladas y obligan a un mayor consumo de electricidad y a una mayor emisión de gases contaminantes.
Lo llamativo es que si alguien, si alguna autoridad, se decidiera a poner freno a este abuso y exigiera que las viviendas tuvieran unas ciertas características para poder instalar el aire acondicionado, en algunos lugares le dirían que por tratarse de «barrios populares» (o carentes), la gente puede hacer lo que se le ocurra con su consumo de agua, luz o gas, ya que precisamente su precariedad es la que le da el nombre de «populares».
Es decir, una vez más nos enfrentamos a la idea de un «pueblo» fuera de la realidad, fuera de los límites de la aplicación de la ley y al que se le permite hacer cosas que a los demás les están rigurosamente prohibidas.
En realidad, lo que podemos ver y sentir es una república de dos velocidades, con unos ciudadanos que tienen derechos y prerrogativas diferentes, según para lo que sea. Porque el ser «pobre» no necesariamente equivale aquí a ser un ciudadano de segunda o un ciudadano postergado. Al contrario, a veces, como en el caso de los aparatos de aire acondicionado, ser pobre es sinónimo de ser portador de un plus de derechos, que tienden a compensar el poder de los más pudientes, que tampoco son unos angelitos, sino que en la medida que pueden abusar del prójimo -sea este rico o pobre- lo van a hacer con un mínimo o nulo remordimiento de conciencia.