Contra estos hábitos -que, como se sabe, son muy arraigados y difíciles de combatir- las autoridades de los diferentes municipios han ensayado diferentes respuestas, pero casi todas ellas enlazadas por el denominador común de las multas.
La cuestión, pues, se resolvía -en los mejores casos- por la vía administrativa y en última instancia por la civil, sin que a nadie se le ocurriera que un vecino incivil, sucio y desarreglado pudiera ser un delincuente.
En Salta -a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo- los hogares de las personas con más recursos no son proporcionalmente más limpios y aseados que los de las personas que viven en la miseria. La falta de limpieza -no tanto personal sino más bien ambiental- es un rasgo sociológico que en Salta atraviesa todas las clases sociales, sin excepción.
Pero la lucha contra la suciedad el abandono está focalizada en el pobre, que por razones que son fácilmente comprensibles tiene más a la vista la inmundicia que otros esconden tras los altos muros de sus lujosas residencias.
Ahora, por decisión del señor Procurador General de la Provincia de Salta, el que acumula basura en Salta, el que colecciona objetos inservibles, el que no limpia su terreno, será perseguido ya no solo como un simple infractor de las normas administrativas vigentes sino como un peligroso delincuente, enemigo mortal de la salud de sus semejantes.
El jefe de los fiscales de Salta ha amenazado con «registros domiciliarios» (es decir, con allanamientos practicados por la autoridad), pero aunque no ha dicho nada al respecto, todo indica que las fastuosas residencias, que rezuman limpieza y pulcritud por fuera pero que son auténticos tugurios por dentro, no serán registradas por la autoridad.
La medida se dirige al pobre, al que ni siquiera tiene puerta para asegurar su casa. Aquel que guarde un motor diesel del año 58, tenga radios a galena, lámparas de aceite, lavarropas redondos de tambor oxidado, televisores a válvula de la época de Bonanza, flores macilentas, neumáticos reventados y un sinfín de objetos que la gente pobre suele guardar por generaciones con la esperanza de que algún día se puedan convertir en pan, serán objeto de la implacable persecución de los fiscales, que han descubierto cuán fácil y entretenido es meter y sacar gente de la cárcel por cuestiones relacionadas con la salud pública, o mejor dicho, con la idea que ellos tienen de la salud pública.
La simple sospecha de que usted sea un sucio redomado y que debajo de su cama se críen lombrices, y no precisamente para abonar la tierra, hará posible que un fiscal, con la venia siempre bien dispuesta de un juez de garantías, emita una orden de registro y el dueño (o habitante) de una vivienda humilde verá cómo el derecho a la inviolabilidad de su domicilio se vuelve papel mojado en manos de estos fiscales, a los que se les multiplican los muertos en las cunetas, pero que no van a dar respiro al que, sin saberlo, contribuya a criar mosquitos peligrosos.
A partir de la entrada en vigor de la Resolución 977/2020 del señor Procurador General de la Provincia de Salta los pobres de Salta se encuentran un paso más cerca del cadalso. Su propia condición les condena de antemano, lo cual es bastante grave si se piensa que un vicio tan generalizado como la suciedad humana no se puede combatir con el Código Penal, sino con educación y una inversión social muy cuantiosa en limpieza.
Solo en Salta pasa que una «instrucción» fiscal tiene efectos obligatorios más allá del universo fiscal al que se dirige. En este caso, se ha puesto mucho esmero en decirle a los fiscales «Chicos, atentos, porque a partir de ahora ustedes tienen que ocuparse de empapelar al que guarde basura en su casa». Pero ¡ojo! La resolución también obliga (y esto no es broma) a los Intendentes municipales a denunciar estos comportamientos ante los fiscales. Una obligación de esta naturaleza solo la puede establecer la ley, y no la voluntad de un señor que, enloquecido, busca la gloria a cualquier precio.
¡Con los pobres, no!