Últimamente ha cundido en Salta la moda de reaccionar frente a determinadas transgresiones legales, no solo con las medidas previstas expresamente en las leyes, sino con una batería de recursos de «concientización».
Ya no se trata de dar a cada quien su merecido, sino ahora lo cool es demostrar al transgresor una suerte de superioridad moral y enseñarle a comportarse, como lo harían «los mejores de la sociedad».
Así por ejemplo, si un comerciante ha sometido a un consumidor a un trato humillante o indigno, además de la multa correspondiente, el autor de la felonía deberá hacer un curso para aprender a tratar a sus clientes. El que le ha levantado la mano a una mujer, o simplemente se ha dirigido a ella en voz alta, no solo será encausado por violencia de género, sino que deberá asistir a clase para aprender «cómo tratar a una mujer». El que ha podado tres ramas del paraíso que adorna su precaria vereda, además de la sanción administrativa, tendrá que aprender en las aulas que no se debe maltratar a los arbolitos. El conductor que ha estacionado su coche donde no debía, volverá a los libros para aprender en este caso los secretos de la buena convivencia en las vías urbanas.
Los ejemplos son infinitos. Ahora se ha sumado a la variada paleta de sanciones «educativas» la obligación de hacer un curso sobre Derechos Humanos, igualdad y discriminación, que es lo que ha decidido la Ministra de Educación del gobierno provincial, señora Analía Berruezo para los directivos, docentes y «personal de maestranza» del colegio Santa María de la ciudad de Salta.
Las sanciones políticamente correctas no son malas en sí mismas. El problema, en una sociedad como la nuestra, es saber quiénes van a impartir estos cursos de elevadas cualidades cívicas, porque para enseñar cosas como el ser bueno, limpio, casto, honrado o transparente, se requiere de una pureza moral insuperable o de la posesión de cualidades tan excelsas como indiscutibles.
Pero cuando el gobierno de Urtubey impone este tipo de sanciones, automáticamente dice «aquí los cursos los impartimos nosotros». «Somos nosotros los sumos sacerdotes de la moral colectiva del pueblo de Salta».
Es decir, que si se trata de aleccionar a los machos sobre la mejor forma de tratar a las mujeres, no va a venir un experto del Vaticano ni un antropólogo de Wisconsin, sino que van a ser las feministas que viven a sueldo del gobierno de Salta las que van a decir cómo se debe comportar el varón. Y si alguien puede o debe enseñarle a los docentes de un colegio (que ya es mucho decir) cómo no discriminar a sus alumnos, ese alguien son los funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, porque en Salta no hay nadie con más autoridad moral y solvencia técnica que ellos.
¡Atención! No se trata de decirle a un señor: «Léase usted un libro de Hannah Arendt», sino de decirle «siéntese usted durante cuarenta y cinco minutos, tres veces por semana, a escuchar las profundas reflexiones que sobre el tema de la discriminación le harán los funcionarios subordinados del señor Marcelo López Arias, toda una eminencia en materia de Derechos Humanos».
Esta estrategia tropieza con el pequeño inconveniente de que el gobierno, así como sus funcionarios, están instalados en los escalones más bajos de la moral colectiva, de modo que con suerte podrían ir a las cárceles y reformatorios a llevar su particular evangelio. Una vez más, el problema no es el cómo sino el quién.
No es papel del gobierno reivindicar para sí la superioridad moral en una sociedad. Nadie ha elegido a un Gobernador para que ejerza de Señor del Milagro. Y el Gobernador actual -que tiene menos virtudes que la revista Radiolandia- no está lamentablemente en condiciones de dar lecciones de moralidad a nadie, ni directamente ni a través de la intermediación de sus obedientes funcionarios.
Ante la marcada imposibilidad de que los salteños nos pongamos de acuerdo sobre quién debe impartir los cursos que se imponen como sanción a determinadas conductas, lo mejor es dejar de imponer este tipo de sanciones «accesorias». Teniendo en cuenta que el Señor del Milagro no habla ni maneja el Power Point, lo mejor será que nuestra augusta divinidad ajuste las cuentas con los pecadores individuales -como el señor Gobernador- con las herramientas de que él dispone, que no son precisamente los cursitos políticamente correctos.