Los diputados provinciales radicales Héctor Chibán y Mario Mimessi han destapado la caja de los truenos al someter a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir que los parientes de los funcionarios públicos (de los altos cargos políticos) trabajen para el Estado.
Según los legisladores, su proyecto busca establecer una prohibición legal de ejercer cargos públicos que afectaría a parientes en cualquier grado (sea por consanguinidad o afinidad), cónyuges y parientes de cónyuges.
Hasta el momento, el Gobernador de la Provincia de Salta y presidente del Partido Justicialista, Juan Manuel Urtubey, no se ha pronunciado sobre esta iniciativa y nada hace intuir que lo vaya a hacer, ya que si bien hasta ahora ha aplaudido las iniciativas del presidente Macri, una prohibición como la que proponen los legisladores radicales tendría serias consecuencias en la economía de algunas familias numerosas salteñas, con todos o casi todos de sus miembros a sueldo del Estado.
De prosperar este proyecto «antinepotista» de los radicales, las administraciones públicas salteñas, incluidas las empresas del Estado, se quedarían virtualmente desiertas. No solo por la cantidad de parientes directos de altos funcionarios (con el Gobernador a la cabeza, integrante de una familia de diez hermanos) sino porque al no contemplar la prohibición límites de grado, ni de línea, ocho de cada diez empleados públicos tendrían una relación de parentesco (en la mayoría de los casos remota) con alguno de los funcionarios de más alto rango.
Es decir, que se produciría una hecatombe de imprevisibles consecuencias técnicas, jurídicas y sociales.
Se ha de tener en cuenta que la extraordinaria inflación del empleo público que ha propiciado el gobernador Urtubey en los últimos diez años ha beneficiado a un sector social claramente diferenciado del resto, cohesionado internamente por lazos de parentescos más o menos visibles.
Si de justicia se trata, la iniciativa debería prohibir también la designación de amantes (masculinos y femeninos, por igual, para que el Observatorio no ponga ningún obstáculo), de hijos no reconocidos, de compañeros de la escuela, de parejas del truco y de vecinos del barrio, pero de ocurrir algo de esto, la Administración pública de Salta colapsaría en cuestión de minutos.
El proyecto de los radicales -imitando la política de Urtubey- nada dice acerca de la idoneidad de los empleados públicos; es decir, tendrán que irse a la calle los parientes inteligentes, capaces y productivos, que se ganan el sueldo a pulso, al lado de los ñoquis, los inútiles y los vagos.
Si algo como esto sucede, habrá una catarata de pedidos de análisis de ADN y de «negaciones» de parentescos, que son tan frecuentes en Salta. Así por ejemplo, se podría saber que la empleada de la Fiscalía señora equis no es realmente hija de su padre y que su señora madre tuvo hace unos treinta y ocho años un «affaire» con el ordenanza de la antigua Cámara del Crimen. Solo así -dejando jirones de su honra en el camino- salvaría su puesto y su pellejo.
Pero todos los focos convergen sobre las familias salteñas más numerosas con miembros enquistados en la Administración. ¿Será capaz el Gobernador de cesarlos y quitarles el pan de la boca? De hacerlo, puede que no le inviten a las comuniones de sus sobrinos nietos.
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