Después del cambio de ministros, inevitable tras la dura derrota electoral del 22 de octubre de 2017, el gobierno de Salta desperdició una buena oportunidad para volver a conectar con los ciudadanos y para tender puentes con los sectores sociales y políticos más disconformes con la marcha de los asuntos públicos.
Lo habría conseguido si el gobernador Urtubey hubiera estrenado su casillero de autocrítica -que aún sigue en blanco- y si los ministros que sustituyeron a los anteriores se hubieran preocupado por remendar los agujeros abiertos en la sociedad tras diez años de un gobierno que supo combinar, quizá como ninguno, el autismo con el narcisismo.
Pero los ministros nuevos se dedicaron a imitar al jefe y ninguno de ellos se animó a reconocer el desastre, porque hacerlo hubiera significado lanzar una enmienda a la totalidad del discurso oficial, basado en la autocomplacencia y la negación.
Cualquier ministro -especialmente si acaba de llegar al cargo- busca de algún modo construir su hábitat rodeándose de incondicionales que puedan aplaudir sus políticas e ignorar sus errores; pero ninguno como la señora Paula Bibini y el señor Marcelo López Arias -ministros de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, respectivamente-, que rápidamente han buscado los focos y los micrófonos y encontrado cómplices en los sindicatos peronistas agrupados en las legendarias 62 Organizaciones.
Las reuniones de Bibini y López Arias fueron, por así decirlo, el único «diálogo social» del gobierno autista de Juan Manuel Urtubey, antes y después del cambio de ministros. La cortedad de vista de los nuevos funcionarios -reflejo de la miopía del propio Gobernador- relegó al Consejo Económico y Social, previsto por la Constitución, al papel de mero anfitrión de los cócteles de las corporaciones profesionales.
Así pues, mientras en las democracias más avanzadas del mundo los gobiernos utilizan ya algoritmos y modelos matemáticos para prever el declive de sectores enteros de la economía y conocen al dedillo a las empresas en dificultades, en Salta los gobernantes se fían de los diagnósticos del brujo de la tribu o hacen como los mayas: observan los astros para saber más o menos cómo será el desarrollo de la vida material y espiritual en Salta.
En ninguno de los países en donde las cosas de la economía constituyen preocupaciones serias para los gobiernos se habría apostado con tanta ligereza por un sector en claro declive y huérfano de actualización tecnológica como el de la producción del azúcar a partir de las plantaciones de caña. Ningún gobierno responsable haría depender el empleo y el bienestar de los ciudadanos de empresas permanentemente amenazadas por la obsolescencia productiva, por técnicas de gestión heredadas del medioevo, con sindicatos clientelares y anticuados (tanto en sus tácticas reivindicativas como en su modelo de solidaridad), con mercados volátiles e inmersos en una feroz y desigual competencia internacional.
La crisis social que se vive en Salta a comienzos de 2018 es, pues, la crónica de una muerte anunciada.
Los ministros del gobierno -especialmente Bibini y López Arias- no tienen ninguna capacidad de diálogo y, por tanto, muy poco, casi nada, pueden hacer en un conflicto que claramente los sobrepasa. Saben, eso sí, sentarse con los peronistas, pero no para hablar de empleo (la doctrina justicialista no contempla el desempleo ni el conflicto social), sino para hablar de peronismo. Es decir, de compadreos, conspiraciones, traiciones, historias de alcoba y evocaciones nostálgicas. Pero poco más que eso.
La calculada ineptitud de sus ministros ha reducido el margen de maniobra del Gobernador de la Provincia, a quien no le basta ya hablar de las «lógicas» de esto y de las «lógicas» de aquello, para solucionar los problemas que se le han planteado. El tiempo de la sanata se ha agotado y los trabajadores esperan respuestas que el gobierno no está en condiciones de dar.
Nos encontramos frente a una grave crisis económica y ante un desafío de reconfiguración territorial de profundo calado. El cierre del ingenio San Isidro y la drástica reducción de plantilla anunciada por el ingenio El Tabacal no están diciendo que nos enfrentamos a una crisis económica al uso sino que lo que tenemos ante nuestros ojos es una crisis social, con componentes ecológicos y geopolíticos, que confirma que estamos inmersos en un proceso de ruptura histórica.
Con Bibini y López Arias, el gobierno de Salta muestra preocupantes señales de estar tratando esta crisis como un simple episodio coyuntural, mientras que en otros sectores más responsables crece la conciencia de que nos enfrentamos a una crisis sistémica que probablemente instaure entre nosotros una nueva normalidad, basada en unos cambios profundos que apenas comienzan a perfilarse.
Pero la patata caliente no solo está en la boca del gobierno; también lo está en la de los sindicatos y las empresas, que de golpe ven que no hay nadie a su alrededor capaz de analizar la geografía local para dar explicaciones y alumbrar posibles soluciones a una crisis de dimensión global. Crisis como la que se vive actualmente en Salta constituyen periodos de ruptura y cambio estructural caracterizados por el agotamiento de un determinado modelo de acumulación y por la puesta en marcha de un conjunto de transformaciones que incluyen -necesariamente, en este caso- una nueva solución espacial, acorde con las nuevas condiciones emergentes.
Si somos capaces de darnos cuenta de las dimensiones de la crisis que enfrenta la economía de Salta, la primera pregunta que debemos hacernos es si los nombres de Urtubey, Bibini o López Arias son los más adecuados para lidiar con unos problemas que han sacado a la luz de forma violenta las contradicciones de un proceso que hoy se enfrenta a desajustes en múltiples frentes y que genera unos costes elevadísimos, tanto sociales como medioambientales, distribuidos de forma crecientemente desigual y muchas veces imprevisible.
Si hasta aquí las soluciones adoptadas por Urtubey y su cambiante elenco de colaboradores han estado basadas en la improvisación, lo que toca ahora es buscar a las personas adecuadas para sacar a Salta del atolladero en el que la ha metido la confianza ciega en la ancestral vitalidad de nuestro sistema de convivencia.
La realidad nos muestra que estamos en medio de una crisis del sistema de civilización y que nos enfrentamos a la ruptura del marco institucional y del sistema de relaciones entre los actores sociales, problemas cuya complejidad nos está diciendo a los gritos que el camino hacia las soluciones está alumbrado por la cooperación y que las imposiciones sectoriales y los mesianismos, que hasta ahora han servido para mantener la política a flote, ya no son suficientes.
El gobierno lo comprenderá tarde o no lo comprenderá; pero la esperanza que muchos hoy acarician en Salta es que las empresas en dificultades y los sindicatos que representan a sus trabajadores acierten a encontrar un punto común que les permita tratar al problema como lo que es -una crisis social grave- y no dejar que el gobierno les imponga unos remedios que pronto van a terminar pagando todos, simplemente porque el que manda eligió mal a las personas y peor a las soluciones.
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