En muchos países del mundo, incluso en los más avanzados, se siguen utilizando animales de tiro en actividades para las que existen, desde hace mucho tiempo, máquinas movidas por energías inanimadas. Lo sorprendente, pues, no es que en Salta se siga utilizando la tracción animal sino más bien el hecho de que, quienes la utilizan, lo hagan de una forma tan masiva y difundida que, todos ellos juntos, dispongan de una capacidad de bloqueo o de veto que impida totalmente el cumplimiento de la norma municipal que prohíbe su utilización en vías urbanas.
Si un sindicato de carreros puede plantarle cara al poder del Estado y reducir a papel mojado una ordenanza municipal sancionada por autoridad legítima y procedimientos legales es sencillamente porque Salta aún no ha dado por concluida la revolución neolítica, que se caracterizó, entre otras cosas, por el empleo de animales en una economía productora (agricultura y ganadería) que sustituyó a la economía recolectora (caza, pesca y recolección).
El asunto ha sido enfocado por la autoridad desde varios puntos de vista: el de la seguridad de las vías urbanas; el de la estética ciudadana, el de la protección de los animales y el del mantenimiento de la ocupación de quienes usan los animales de tiro para su subsistencia.
Ninguno ha conseguido imponer sus argumentos. Antes bien, han sido los llamados «carreros» quienes le han marcado la cancha a los poderes públicos, en una clara demostración de que la modernidad del sistema urbano y la «inclusión» que pregona el gobierno son meros espejismos en los que se solaza el poder, mientras que la realidad social muestra en la calle su rostro verdadero.
Lamentablemente, las normas imperativas del Estado no admiten negociaciones con los obligados a su cumplimiento, ni aplazamientos, ni perdones selectivos. Cuando la norma existe, el Estado no puede recibir presiones ni someterse al chantaje de los grupos para evitar que la norma se cumpla. La legitimidad de su autoridad depende, entre otras cosas, de su capacidad de hacer cumplir las normas y de no mostrar su lado más débil.
La prohibición de los animales de tiro, más allá de su impacto social (que puede ser importante pero nunca tanto para impedir que el Estado acuda en ayuda de las personas afectadas por la prohibición), es una medida civilizadora, pensada para fomentar el progreso y elevar el nivel de una sociedad que ya, a estas alturas, no se puede permitir el lujo de exhibir ciertos atrasos.