Urtubey fomenta el pluralismo lingüístico pero impone el dualismo religioso en Salta

Una situación verdaderamente paradojal se vive en la Provincia de Salta, en donde el gobierno provincial hace esfuerzos bastante visibles por fomentar el pluralismo lingüístico, promoviendo algunas lenguas indígenas, y al mismo tiempo pugna por reducir el abanico religioso, obligando a los niños que acuden a formarse a las escuelas públicas (pero solo a quienes ha forzado a declararse creyentes, discriminando a los otros) a asistir a misas en la Catedral; y, casi al mismo tiempo, les organiza ceremonias, también obligatorias, para honrar a la Pachamama en el Parque San Martín.

Esta situación hace pensar que el debate sobre la laicidad de la enseñanza pública, que por estos días amenaza con desbordar los cauces conocidos de la racionalidad humana, no van a poder resolverlo los filósofos sino los psicólogos sociales (especializados en psicopatologías obsesivas), pues gracias al gobierno de Salta y a sus caóticas políticas de identidad colectiva los salteños no saben -ahora menos que nunca- cuál es su lugar en el mundo.

Este comportamiento incomprensible se puede apreciar con mayor nitidez en las tremendas contradicciones de la Corte de Justicia provincial, que por un lado se ufana de haber colocado en las sedes judiciales del trópico prolijos carteles indicadores en dos lenguas (español y wichi; esta última solo conocida y empleada por un ínfimo porcentaje de la población), y por el otro proclama a los cuatro vientos en una sentencia que la abrumadora mayoría de niños católicos que hay en Salta es la principal razón que justifica la impartición de educación religiosa y las practicas generalizadas de oración y culto (especialmente católico, claro) en las escuelas públicas de Salta, que son mantenidas con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, con independencia de la religión que profesan.

Si la Corte aplicara el mismo razonamiento a la lengua y a la religión, en la Ciudad Judicial de Tartagal los carteles indicadores deberían estar escritos solo en castellano, ya que esta es la lengua abrumadoramente mayoritaria entre los justiciables y el idioma oficial de los procesos, tanto verbales como escritos. Es decir, que si una minoría lingüística disfruta de un tratamiento paritario, ¿qué razón hay para pasar la apisonadora mayoritaria en materia de religión?

Cuando el gobierno protege la lengua y la cultura wichis es porque asume -con justa razón- que las minorías deben ser objeto de una cuidadosa tutela por parte del Estado. No hay ninguna razón, ni jurídica ni moral, para no hacer lo mismo con las minorías religiosas o ideológicas

El artículo 49 de la Constitución de Salta, en lo que se refiere a la enseñanza de religión, no ha sido escrito para proteger a una mayoría que no necesita de ninguna protección, ni para galvanizar sus derechos, sino en todo caso para tutelar a las minorías religiosas y hacer que los derechos de estas sean escrupulosamente respetados. Las constituciones, por definición, no son instrumentos al servicio de las mayorías sino más bien todo lo contrario.

Basta, pues, con que exista un solo ser humano que profese una religión diferente a la del resto para que exista, en materia religiosa, una minoría digna del mayor respeto. Lo cual va mucho más allá de la inscripción de una religión determinada en el registro público de cultos. Esta inscripción significa simplemente que el Estado reconoce oficialmente a una religión determinada, pero no supone que no se deba respetar los derechos de aquellos cuya religión no se encuentre formalmente inscrita. Pensar que no hay minoría religiosa sin inscripción en el registro de cultos es tan peligroso como pensar que los que están fuera del registro del Ministerio de Trabajo no son sujetos sindicales. O peor aún, que los trabajadores no declarados formalmente a la seguridad social carecen de cualquier derecho.

Lo peor de todo no es esto, sino que el gobierno y la propia iglesia católica (que como todo el mundo sabe, en Salta son dos caras de una única moneda) toleran el sincretismo religioso porque en el fondo tratan el culto a la Madre Tierra como una especie de religión menor, de colorido carnaval religioso, más vinculado con los aspectos lúdicos y pintorescos de la exteriorización de las creencias que con los aspectos sagrados. Se sabe con certeza en Salta cuál es la única religión que «vale» para el gobierno y cuál para ellos asume el papel de «joda» religiosa, al mismo nivel (o incluso inferior) al de la religión maradoniana.

Pluralismo e igualdad son valores difíciles de conciliar, pero para eso se han inventado la Constitución y las leyes de la república. Justamente para hacer posible que cada uno sienta y piense de la manera que quiera, y no por ello deba ser tratado como un ciudadano con menos o más derechos que el resto. Cuando una religión o una lengua determinada tienen un peso exorbitante y ello redunda en perjuicio de los derechos o de la dignidad de quienes hablan o profesan lenguas o religiones diferentes, el pluralismo social sufre una presión inadmisible. Es por ello que inmediatamente han de ponerse en marcha los mecanismos constitucionales de tutela de las minorías para corregir los excesos.

No lo entienden de este modo, por supuesto, ni la Corte de Justicia de Salta ni el gobierno provincial, que así como son capaces de mandar a alguien a la cárcel si desdeña el habla wichi, también se muestran prestos a enviar al infierno a quien ose levantar la voz en nombre de una minoría religiosa o insinúe siquiera que el Estado debe ser estrictamente neutral en esta materia, cualquiera sea el número de practicantes de la religión mayoritaria.