Cada vez que el gobierno de Salta hace el esfuerzo por convencer a los dóciles residentes de que sabe realmente lo que está haciendo, nos habla de «políticas sustentables» y con este ingenio verbal nos transmite la aterradora idea de que los errores -no tanto los aciertos- se mantendrán en el tiempo. El gobierno puede decirnos que acierta más de lo que se equivoca, pero en ningún caso puede decir -nadie le creerá si lo dice- que no comete errores. Aquí nos equivocamos todos, y el gobierno el que más.
Hay errores que se cometen por falta de conocimiento y de aptitud, pero hay otros que son consecuencia de la mentira, de la falsedad y del engaño. Es decir, de una actitud deliberada y consciente encaminada a perpetuar el error.
Ninguna política es «sustentable» cuando se basa en la manipulación de la realidad, pues más pronto que tarde la mentira sobre la que se asienta cae, o se desmorona, dejando a la vista de todos la verdad.
Cualquiera sea la verdad sobre la violación y asesinato de las turistas francesas, ocurrido en julio de 2011, se entiende más bien poco que el gobierno provincial, y algunas otras instituciones de sólido arraigo entre nosotros, hayan empleado tanto tiempo, tantos recursos y tantos esfuerzos en dar por cerrado el caso.
Sobre ese esfuerzo desmedido, febril y a veces clandestino pivota la sospecha de que el caso ha sido cerrado en base a mentiras, o al menos, en base a medias verdades. Una sospecha que, a pesar del esfuerzo, se hace cada día más fuerte.
Que el gobierno, los fiscales y los tribunales de justicia se hayan confabulado para ocultar algo que podría perjudicar a personas poderosas es muy arriesgado de sostener como difícil de probar. Pero que por detrás de la obsesión por pasar página y olvidarse de los asesinatos hay una «política sustentable» que alguien se ha inventado para escamotearnos la verdad, no hay prácticamente dudas.
La lucha, bien entendida, debe enfocarse hacia lo segundo, no tanto hacia lo primero.
El «proceso» -entendido como la herramienta que tenemos los ciudadanos para conocer la verdad- puede fracasar, pero generalmente no lo hace sino cuando, agotados todos los medios racionales para conocer la verdad, esta no ha sido posible de alcanzar.
Pero esto no sucede en el caso de las turistas francesas, en el que no hay solo sospechas de un cierre interesadamente malicioso de la investigación y una atribución más bien arbitraria de responsabilidades, sino concretos elementos de convicción que no han sido estudiados ni explorados por las autoridades competentes.
La idea de que solo la «duda procesal» puede poner de nuevo en marcha la maquinaria indagatoria pública es falsa y corporativa, pues el «proceso» no está al servicio de quienes están legitimados para intervenir en él, sino para servir a los ciudadanos que demandan la verdad, porque la consideran un valor central de la convivencia entre iguales. En este sentido siempre ha de ser suficiente para reabrir un caso mal cerrado la existencia de una «duda cívica» razonable y sostenida en el tiempo.
A quienes desde hace mucho tiempo luchamos porque nuestra Provincia pueda destacar en el mundo más por sus cualidades que por sus defectos, nos irrita -por no decir que nos complica la vida- que los jueces y fiscales de Salta no hayan reaccionado en el caso de las turistas francesas con el mismo pundonor y la misma decencia con que lo han hecho los fiscales y jueces ecuatorianos, que decidieron no mirar para otro lado, ni tapar con tierra las evidencias en el caso de las turistas mendocinas asesinadas en Montañita, hace hoy casi un año.
Las autoridades del Ecuador, en un gesto que los honra y que dibuja de cuerpo entero la seriedad de sus instituciones y el compromiso de estas con la verdad, han abierto cuantas investigaciones han hecho falta para dar con los culpables y llevarlos a juicio. Se aprestan a celebrar un segundo juicio sobre los mismos hechos y no tendrán -a buen seguro- problemas para celebrar un tercero, si ello fuese necesario.
En Salta, sin embargo, pretendemos contentar a los franceses (uno de los pueblos del mundo más exigentes en materia de justicia) con conclusiones y certezas tan cerradas y rotundas que nadie, ni los franceses ni los salteños, se creen que se puedan alcanzar razonablemente en Salta con los medios con que contamos, incluidos los recursos de la inteligencia judicial. Una instrucción amañada, con declaraciones arrancadas por medio de torturas, pruebas plantadas y una inocultable «dirección» política de la investigación, se completa con un juicio cojo, de conclusiones parciales, un procedimiento de segunda instancia viciado de nulidad por la extralimitación legal de unos jueces capaces de pasar de la absolución a la prisión perpetua en cuestión de horas, y un proceso constitucional a medio camino, en el que el máximo tribunal de justicia de la Provincia ha mostrado a los ciudadanos y a los operadores jurídicos su lado más vulnerable.
Son muchos elementos los que se van acumulando sobre este mismo asunto y su peso comienza a ser insoportable, no ya para la conciencia cívica (que hace rato que lo es) sino para la solidez de unas instituciones que, a medida que pasan los días, se arriesgan a perder totalmente el prestigio que alguna vez tuvieron.
El desafío es de una importancia mayúscula para Salta y para su futura inserción en el mundo. Si no lo resolvemos bien y en un tiempo razonable, corremos el riesgo de asistir al divorcio perpetuo entre las instituciones y la verdad. El mundo nos demanda una actitud decidida y valiente para buscar la verdad, sin importar las consecuencias. Y después que, en base a esa verdad conquistada con esfuerzo -y no en base a trucos dialécticos, como los que ha intentado utilizar sin mucho éxito el Tribunal de Impugnación- construyamos la justicia, dando a cada uno el lugar que le corresponde en esta triste, muy triste, historia. No podemos darnos el lujo de despreciar la verdad.
El mensaje de las instituciones del Ecuador debe ser leído en Salta del siguiente modo: «El mundo nos mira. Escudriña cada uno de nuestros pasos y nuestros movimientos. Hagamos las cosas como corresponde si no queremos pasar a integrar la lista de países desacreditados internacionalmente por tener una justicia bananera».