Juan Rosario Mazzone tiene compradas casi todas las papeletas para convertirse -virtualmente ya lo es- en carne mediática: un apodo facilongo, una figura oronda, una calva reluciente y un verbo implacable contra sus enemigos políticos. A ello se suma que el hombre fue destituido (intervenido, que es lo mismo) por una ley de la Legislatura, que en su día estuvo fundada en unos argumentos de una gravedad tal que parecería que el hombre, desde El Bordo, fue autor de un genocidio, o poco menos.
Si a eso le sumamos una acusación oportunista y antojadiza de corrupción de menores, obtenemos como resultado un cóctel que solo puede conducirnos a cometer una grave injusticia.
Se podría decir con cierta ingenuidad republicana que las instituciones de la Provincia de Salta (las mismas que en su día «condujo» el indómito general Güemes) no deberían prestarse para este tipo de operaciones. Y que nuestro sistema judicial -incluido el aparato fiscal- no puede comportarse como una máquina de picar carne.
Pero no llegaríamos a ningún lado si lo dijéramos, ya que después de que el Gobernador de la Provincia declarara que el asesinato de una joven mujer libre en el interior de una cárcel vigilada hasta límites obsesivos por sus funcionarios es una «conducta cultural», y no una negligencia grave del gobierno, las instituciones de nuestra Provincia están más degradadas que nunca.
En este particular contexto, Mazzone no es tanto víctima como chivo expiatorio. Si no lo atajamos a tiempo, el exintendente de El Bordo se convertirá en una pantalla para ocultar las debilidades de todo nuestro entramado institucional, incluido especialmente los vaivenes morales y jurídicos de la justicia.
La curiosidad malsana de ciertos medios de comunicación, unida a la pasión por el morbo, que multiplica clics y engorda cuentas corrientes, está colocando a Mazzone en el lugar exacto en el que las feministas y el gobierno querían. Esto es, en la antesala del infierno.
Cualquiera con un mínimo conocimiento de nuestras leyes y de nuestras instituciones jurídicas sabe que la acusación que mantiene a Mazzone sentado en el banquillo es endeble. Que solo el miedo a una reacción popular por una eventual falta de acusación justifica que un hombre de agitada vida pública y expuesto a la comisión de numerosas irregularidades por razón del ejercicio de su cargo, sea encausado por un acto de su vida privada.
Es demasiado obvio que aquí alguien está utilizando a las instituciones para lograr unos fines completamente ajenos al castigo penal.
El tribunal juzgador deberá demostrar que no está dispuesto a aplaudir esta maniobra, que su cometido no es solo aplicar mecánicamente la ley sino realizar el supremo valor de la justicia.
Y argumentos no les faltan. El primero y el más importante, la edad de las presuntas víctimas en el momento de los hechos. Porque no es lo mismo -lo dicen los psicólogos- tutelar el normal desarrollo de la personalidad de un menor de tres años de edad (una personalidad en plena formación) que la recta formación sexual de señoritas de 16 años (algunas ya con hijos) que tienen su personalidad bien definida.
¿Es que no hay aquí «conductas culturales» o es que la cultura se agota como argumento exculpatorio cuando no hay un ministro del gobierno en la mira? ¿Acaso un prominente juez que todavía ocupa un sillón en la Corte de Justicia de Salta no firmó en 2006 una vergonzosa sentencia reclamando para el violador de una menor de doce años perteneciente a la etnia wichi una impunidad basada en la legitimidad de la temprana iniciación sexual de las mujeres de la tribu?
No seamos hipócritas y miremos las cosas como son: que nadie puso un revólver sobre la sien de las presuntas víctimas para que acudieran a la fiesta; que nadie las obligó a desvestirse para meterse al jacuzzi; que se sacaron las fotos con una alegría sospechosa; que todas las presentes estaban en aquel momento en edad legal de consentir libremente una relación sexual, y que si hubo oferta económica a cambio de prestaciones sexuales, esta oferta no partió del dueño de casa sino -sorprendentemente o no tan sorprendentemente- de las propias invitadas.
Si a eso le sumamos que una de ellas reconoció durante la instrucción que su modo de vivir era ese (cobrar por sexo) es que ni la eventual oferta de un castillo de oro por parte del dueño de la fiesta a cambio de acostarse con él hubiera conseguido alterar el «normal desarrollo» de unas personalidades sexuales que ya venía un poco (bastante) retorcidas de antes. En el Valle de Siancas, las chicas vuelan. Nadie corrompe lo que corrompido ya está.
Por si algo faltara en este psicodrama de tierra adentro, nuestro código penal no define de ningún modo lo que debe entenderse por corrupción de menores, ni describe o enumera las acciones que podrían llegar a configurarla. Esta carencia obliga a los jueces a efectuar un juicio moral de culpabilidad, una tarea para la que ningún magistrado está suficientemente preparado ni debiera jamás estarlo.
¿De qué moral hablamos? ¿De la del tribunal o la de la sociedad? ¿De la de Mazzone o de las jovencitas que lo acompañaron en la fiesta? ¿De la de los remiseros, quizá? ¿De la moral de la fiscal Sodero o la del abogado René Gómez? Cada uno de estos protagonistas tiene su propia visión del bien y del mal, y no puede prevalecer ninguna sobre la otra, porque sería injusto y antijurídico. Es la desventaja que tiene el juicio moral confrontado con el jurídico.
No juguemos con estas cosas. No por ser gordito, pelado, autoritario, mal hablado y jodón hemos de negarle a Juan Rosario Mazzone, a Chicho, un derecho tan fundamental y tan humano como el derecho a un juicio justo, objetivo y transparente, basado estrictamente en la ley.