Una madre preocupada denunció ayer ante la policía que dos de sus hijos, de 16 y 13 años de edad, habían sido secuestrados y posteriormente robados en el Cerro San Bernardo. Según la información policial, la denunciante -una mujer de 47 años, residente en el barrio El Huaico- dijo que sus hijos fueron secuestrados en la puerta del colegio al que asisten, ubicado en la calle Coronel Suárez, entre Leguizamón y Santiago del Estero, y que tras la abducción fueron trasladados al Cerro San Bernardo, lugar en donde, luego ser despojados de sus pertenencias, fueron liberados.
La investigación penal que conduce la extitular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, señora Gabriela Buabse, puso de manifiesto que los dos jovencitos no fueron secuestrados como adujo la madre en su denuncia, sino que no ingresaron por voluntad propia al colegio y que «se marcharon solos, sin el acompañamiento de otras personas».
Dicho en términos civiles, que los hermanitos se hicieron una yuta de dimensiones olímpicas.
Fue el visionado de la grabación de una cámara de seguridad del Centro de Videovigilancia policial (el Gran Hermano de Urtubey) lo que terminó por convencer a la siempre desconfiada fiscal Buabse de que no hubo secuestro sino yuta, pura y dura.
No obstante la convicción fiscal, las averiguaciones penales siguen su curso para terminar de conocer si los yuteros finalmente fueron robados, como afirmó su madre en la denuncia.
Según el relato materno, los dos jóvenes fueron dejados por ella en la puertas mismas del colegio a las 7.30 de la mañana, pero pasadas las 10, los dos se le presentaron en su lugar de trabajo (el Ministerio de Educación de la calle Catamarca).
No todos los yuteros interrumpen su dulce transgresión presentándose en la oficina de su madre a media mañana. Pero como, al parecer, estos dos se aburrieron, le contaron a la madre una historia fantástica, en la que solo faltó la intervención de una nave nodriza extraterrestre.
Los jovencitos contaron que habían sido secuestrados por dos sujetos, justo en el momento cuando uno de los estudiantes había ido a la esquina a sacar una fotocopia, antes de entrar al colegio.
Según el relato de los menores a su madre, los delincuentes los obligaron a caminar hasta el cerro San Bernardo. Lo cual de por sí es algo extraño e inverosímil, pues en vez de meterlos encapuchados en el baúl de un auto, decidieron hacerlos marchar y atravesar públicamente todo el centro del Salta, a una hora bastante concurrida.
Una vez en el cerro y a la altura de la segunda estación -dicen los yuteritos- apareció un tercer sujeto, quien sacó de entre sus ropas un reluciente y filoso cuchillo con el que los amenazó, para luego quitarles sus teléfonos celulares, sus camperas y el dinero que llevaban encima.
Gravedad institucional
Si bien la ocurrencia juvenil desencadenó una cierta actividad policial y fiscal (a las denuncias, aunque no sean veraces, la autoridad debe tomárselas en serio), el gobierno de Urtubey, a través de un empleado de muy baja graduación y peores modales, puso el grito en el cielo con un aterrador post en Facebook en el que venía a decir más o menos que la mentira de los yuteros era «sumamente grave desde el punto de vista institucional».La calificación gubernamental de la conducta de los jovencitos es de por sí ridícula, teniendo en cuenta que revela una preocupación exagerada por un hecho de una ínfima trascendencia social, cuando en Salta se multiplican de forma escandalosa los casos de violencia de género con víctimas mortales y el número de accidentes de tráfico con muertos en el territorio provincial supera con creces las cifras de los países más atrasados del mundo.
Sobre ninguna de estas dos patologías sociales, ni el gobierno de Urtubey ni su verborrágico portavoz son capaces de decir una sola palabra que suene a autocrítica. Nadie se ha animado a decir que un muerto o una muerta por violencia que se podrían haber evitado constituye un acto grave, ni para las instituciones, ni para el gobierno ni para la sociedad.
La calificación de «gravedad institucional» de la yuta mentirosa de los dos jóvenes ha sido interpretada como una invitación abierta al linchamiento mediático, uno de los modus operandi más y mejor utilizados por los sicarios mediáticos que operan en la órbita comunicacional del gobierno de Urtubey.
En este contexto, no hubiera sido descabellado leer en ciertas páginas infectas que el gobierno es partidario también de una «sanción ejemplar» para los yuteros, no porque su mentira haya hecho gastar tinta a la fiscal Buabse, sino porque el engaño representa una alteración malévola e interesada de los sutiles y rosados equilibrios del paraíso en que viven los salteños gracias a los desvelos de Urtubey.
Pocas veces se ha visto en Salta a un gobierno buchón y acosador que con tanta soltura y por escrito anime a la fiscal a mostrar públicamente el vídeo de los yuteros, no como un acto procesal encaminado a la averiguación de los hechos, sino como un gesto paternalista de estigmatización y castigo social.
Nos enfrentamos a un gobierno que, por debajo de su declamada simpatía por la juventud y sus «políticas públicas» de lucha contra el bullying, oculta en sus entrañas burocráticas a unos represores/castradores de la identidad juvenil que pretenden enseñarnos moral cuando sus méritos -limitados donde los haya- los harían acreedores a un lugar destacado en la galería del horror de la ESMA.