Prohibir por ley los despidos es tan inútil como prohibir que la gente se divorcie o se suicide. Hay determinadas decisiones -como las de extinguir un contrato de trabajo- que están dictadas por otras razones generalmente más poderosas que la mera arbitrariedad o el ánimo antiobrero. Intentar modificar mediante normas conyunturales del Congreso las leyes que rigen la economía no siempre es bueno. Sobre todo, cuando aquel contra quien en teoría se dirigen las regulaciones tiene el poder de trasladar los mayores costes de su operación a los precios.
Por tanto, obligar a alguien a seguir pagando el sueldo a un trabajador que no desea tener o que no puede conservar sin hundir su empresa, supone extenderle un enorme cheque en blanco para que el sueldo que no desea o no puede pagar lo paguen los consumidores (los ciudadanos más indefensos), a través del impuesto inflacionario, o de la adquisición de bienes y servicios de menor calidad.
No tiene mayor sentido sobreproteger determinados empleos. No solo porque inmediatamente los empresarios renunciarán a contratar a nuevos trabajadores (por miedo a no poder prescindir de ellos cuando sea necesario) aumentando así la tasa de desempleo, sino porque, conociendo las malas mañas de algunos, cuando la economía lo demande, quienes necesiten contratar personal lo harán en forma clandestina. En suma, proteger a unos pocos para desproteger a muchos.
La insistencia en prohibir los despidos, además de un cierto voluntarismo ingenuo, demuestra un excesivo apego del poder público a las formas y ritos tradicionales del trabajo asalariado; es decir, a aquella forma de trabajo humano que estructuró las relaciones entre el poder y las masas desde la Revolución Industrial hasta la primera década del siglo XXI. La obstinación en defender este modelo de trabajo choca con una realidad que a diario nos enseña que muchísimas personas crean riqueza y se ganan su sustento cada vez más fuera del mercado de trabajo clásico, hiperregulado, hiperprotegido e hipersindicalizado.
Solo la incapacidad del Estado para extender su poder de control y de imposición sobre las nuevas formas de trabajo (la mayoría de ellas vinculadas con la economía digital) no justifica que los nuevos trabajadores y trabajadoras (que crean riqueza desde sus casas, que han recuperado la potencia creativa del artesanado y que rechazan la posibilidad de alquilar su fuerza de trabajo y su tiempo para que se lucren empresas enormes, antiguas, ineficientes, repetitivas y de organización vertical), sean condenados a la desprotección y al olvido por las leyes.
A ninguno de estos nuevos trabajadores les agradaría pagar con la inflación o con la mala calidad de los productos de consumo el coste económico de una ley pensada para proteger a una cierta clase de productores, en declive desde hace una década, y blindar lo que ellos consideran injustos privilegios de clase.
Los más grandes empleadores del país -el Estado nacional, las administraciones provinciales y los municipios- no parecen muy inclinados a modernizar sus procesos de trabajo. El que crea riqueza, normalmente ve con recelo que la burocracia improductiva disfrute de empleos con estabilidad virtualmente absoluta y sueldos altos. Piensan que sería mejor reducir la plantilla del Estado a un tercio y convertir en subsidios directos lo que actualmente se paga en sueldos a quienes no saben hacer nada o no desean hacerlo.
Muchos de los que dependen de un sueldo periódico del Estado para subsistir, agradecerían que se los ayudase para desarrollar desde sus casas actividades innovadoras y rentables, pero para los que gobiernan es más importante la fidelización política (incluida la domesticación sindical) que la creación de riqueza.
Decenas de miles de trabajadores argentinos invisibles mantienen contactos económicos fluidos con el extranjero y están conectados a los circuitos de la economía global. El Estado no los ve o no quiere verlos, con la excusa de que es necesario beneficiar a aquellos que vienen trabajando igual desde hace 80 años.
Por estas razones y por otras que sería muy extenso de explicar aquí, una ley que prohibiera los despidos no solo sería antieconómica (por su potencial inflacionario y de bloqueo a las nuevas contrataciones) y antisocial (por la desprotección que genera en otros colectivos de trabajadores) sino también injusta, por el trato peyorativo que supone para una nueva y pujante clase de productores argentinos, que mira al futuro sin las ojeras impuestas por un Estado miope y por unos políticos más interesados en conservar el poder que en resolver la complicada ecuación de la creación de riqueza.