Encargar un documento de identidad nuevo, olvidarse de retirarlo y obligar al Registro Civil a que destruya lo que costó dinero tramitar, es un crimen de lesa burocracia. Si para disfrutar del tan cacareado derecho a la identidad no hay otra forma que portar el documento nacional de identidad en el bolsillo del vaquero, no se entiende cómo algunos desaprensivos se toman la molestia de ir hasta los centros de emisión, o hasta el micro, se sacan la foto, se hacen pintar los dedos, y a la hora de la verdad deciden que es mejor dejar que el documento duerma en un cajón y que la encargada del Registro Civil lo queme como a los sábalos incautados en la pesca ilegal.
Esta desidia solo es comparable a la del usuario de una silla de ruedas que encarga el nuevo modelo de 18 voltios a la compañía Tesla y a último momento decide que es más piola no retirarla. Es un desperdicio de esfuerzo y de dinero, sin justificación de ninguna naturaleza.
Así como hay un padrón de deudores de alimentos que se puede consultar sin ninguna restricción, el Registro Civil debería publicar la lista de los «listos» que primero se hicieron el documento y luego le hicieron pito catalán a la administración, haciéndole gastar lo que no tiene. A estos señores se les debería cobrar la luz el doble, para que aprendan.
El problema es que como con los documentos no hay demagogia posible, el Gobernador no organiza entregas personalizadas e interactivas de DNI, como lo hace de escrituras de inmuebles y resoluciones de personería jurídica, porque tener un miserable DNI -que lo tiene cualquiera- «no garpa».