El titular en cuestión dice así: «La deuda de Nación a Salta por microtráfico supera los $ 550 millones».
A decir verdad, Nación no adeuda un solo centavo a Salta «por microtráfico», pues ni Salta vende estupefacientes ni el gobierno federal los compra. Hasta ahí podíamos llegar.
La pésima redacción del titular da a entender, incluso a los intérpretes mejor intencionados, que de algún modo tanto la Provincia de Salta como el Estado federal argentino se dedican al microtráfico de estupefacientes y que la primera es acreedora del segundo por una cantidad de dinero que se origina en esta actividad.
Nada más lejos de la realidad, puesto que la presunta deuda de ningún modo se origina ni en el «microtráfico» en sí, ni en ninguna actividad delictiva conexa, y no trae su causa de un delito, sino de una ley de la Nación (la 26.052, sancionada en 2005, que modificó la ley 23.737, de 1989).
En virtud de la última de estas normas, la persecución y el juzgamiento de ciertos delitos de narcotráfico pasan a la órbita de aquellas provincias que -como en el caso de Salta- hayan decidido, mediante una ley de adhesión, asumir su competencia en las condiciones previstas por la misma ley nacional.
El caso es que transcurridos más de cinco años y medio de la entrada en vigor de la adhesión declarada por la ley provincial 7782, al parecer el Estado federal adeuda a la Provincia de Salta una cierta cantidad de dinero que -insistimos- no se origina en el «microtráfico», como de forma irresponsable y temeraria afirma el gobierno, sino en la obligación prevista en el artículo 5º de la ley 26.052, que establece un «sistema de transferencias proporcionales» de los créditos presupuestarios nacionales correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia.
En todo caso, la deuda, si existe, es «por transferencia de recursos» y no por «microtráfico» y así debió haberse expresado en el titular de la noticia, no solo para evitar la confusión de cualquier lector desprevenido sino para evitar la vergüenza de que alguien pueda pensar que la Provincia de Salta reclama deudas originadas en actividades que se encuentran al margen de la ley.
