Mientras más de un millón de salteños aguardan con ansiedad la puntual renovación del llamado "Pacto de Fidelidad" con sus patronos tutelares, el Señor y la Virgen del Milagro, el Ministerio de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta tiene otros planes, si acaso más profundos desde el punto de vista teológico. En efecto; esta cartera, que se ocupa de variados asuntos, entre ellos la cuestión religiosa, tiene previsto realizar, el próximo día sábado 13 de septiembre, una ceremonia que, organizada por la Dirección General de Justicia Penal Juvenil, tendrá por objeto renovar el «Pacto de Fé» (la expresión, incluido el monosílabo acentuado es textual del propio gobierno) de los jóvenes reclusos infractores a la ley penal, con el Señor y la Virgen del Milagro.
Lo más curioso del caso, es que el gobierno anuncia la presencia en la ceremonia del mismísimo Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello.
Probablemente se trate de un error, pues hasta ayer mismo no se sabía que los jóvenes reclusos tuvieran un "Pacto de Fe" con las imagenes del Milagro. Es mejor suponer -por mucha autoridad que posea el señor Arzobispo- que su cometido en la ceremonia se limitará, a lo más, a renovar, como sucede habitualmente en estas fechas, el Pacto de Fidelidad con los patronos (representación simbólica de la divinidad), pero no un Pacto de Fe, como dice el gobierno, ya que la Fe, primera de las virtudes teologales para los católicos, no puede ser objeto de consentimiento por quienes la profesan, sino, en todo caso, de asentimiento o admisión, dirigidos a lo que se considera verdad por estar basado única y exclusivamente en la revelación divina.
Si ya es inexplicable que el gobierno del Estado (formalmente separado de la Iglesia) organice una ceremonia religiosa de estas características (para todos los reclusos, sean creyentes o no), más inexplicable aún es que se proponga rebajar las creencias de los jóvenes presos haciéndoles creer que la Fe es algo a lo que se puede adherir y desadherir periódicamente y en base a la mera voluntad expresada en el consentimiento, como quien renueva un certificado de depósito a plazo fijo.
La actitud del Ministerio de Derechos Humanos al inmiscuirse en esta cuestión y al hacerlo de una forma tan deficiente desde el punto de vista religioso, supone un claro agravamiento de las condiciones de detención de los reclusos, prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ya que a la privación de su libertad ambulatoria y de otros derechos, se une la lesión de su libertad de conciencia.
La dudosa validez teológica de tal Pacto de Fe compromete también innecesariamente la alta autoridad (espiritual e intelectual) y la investidura del Arzobispo de Salta, quien seguramente tiene bastante más claro que la Ministra de Derechos Humanos y de su Director de Justicia Penal Juvenil en qué consiste la Fe y en qué se diferencia esta virtud de la fidelidad.
