El obispo de la Diócesis de Orán, señor Gustavo Zanchetta, ha denunciado haber sido maltratado por efectivos de la Gendarmería Nacional que interceptaron el vehículo en el que se desplazaba por una carretera del norte de la Provincia de Salta y se dispusieron a inspeccionarlo. Algunas versiones periodísticas señalan que el prelado se habría negado al registro policial, mientras que fuentes cercanas al obispado oranense han desmentido cualquier desobediencia por parte del sacerdote y de sus acompañantes a la requisitoria de la autoridad.
Al contrario, el obispo se quejó de los malos modos del oficial de Gendarmería que dirigía el procedimiento y, al parecer, le advirtió que formalizaría la queja a sus superiores.
Otras versiones indican que el obispo habría esgrimido su autoridad para oponerse al registro del vehículo, lo cual no ha podido ser confirmado.
Dos cosas parecen, sin embargo, ciertas: la primera, que el señor obispo está investido de una indudable autoridad, pero solo invocable -en casos como éste- ante San Pedro, ya que está sometido como cualquier civil a las molestias que se derivan de este tipo de procedimientos; la segunda, que el obispo se hallaba acompañado en el momento de la requisitoria de la Gendarmería por cuatro seminaristas, a los que algunos medios llaman de forma malévola «supuestos seminaristas», como si el obispo -más allá de su autoridad- no tuviera derecho a que se le presumieran compañías eclesiásticas, salvo prueba en contrario.
El incidente entre la autoridad civil y la eclesiástica se produce, paradójicamente, el mismo día en que el gobierno nacional dio a conocer una carta del papa Francisco a la Presidente de la Nación que, a la postre, resultó apócrifa.
A pesar de la trascendencia de este escandaloso incidente (al de la carta nos referimos), los mismos medios que dijeron que el obispo de Orán viajaba con «supuestos seminaristas» no han dicho que la carta fue remitida por un «presunto Papa».