El mecionado legislador nacional no es una persona que concite amplias simpatías entre la ciudadanía. Es muy difícil defender sus posiciones sin generar sospechas de una sintonía ideológica muy fina con el señor Grande.
Pero es que los ataques que le están siendo dirigidos son tan absurdos y carentes de cualquier sustento jurídico, que a veces es difícil callar.
Es el caso de la denuncia penal por un supuesto delito de «apología del delito», formulada recientemente por la señora Dora Isabel Soria ante la autoridad fiscal, que es tan fantasiosa (por no decir ridícula), que de no ser porque el señor Grande es persona non grata para los fiscales de Salta, debería ser inmediatamente archivada.
Empezando por lo menos importante, la denunciante señora Soria ha dicho que ha «enviado la denuncia a la Cámara de Diputados de la Nación, para que se forme una comisión».
Se entiende que lo que Soria ha enviado a la Cámara de Diputados (está en todo su derecho de hacerlo) es la copia de la denuncia que ha formulado ante la autoridad local competente, lo cual, ni de lejos es suficiente para que la Cámara de Diputados: 1) forme una comisión, 2) investigue la «conducta» del diputado, y 3) que lo eche.
Es más que obvio que la Cámara de Diputados de la Nación no hará ninguna de las tres cosas, al menos no sin escupir hacia arriba, ya que, aunque equivocadas y peligrosas, las afirmaciones del señor Grande en relación con el uso terapéutico del dióxido de cloro no constituyen delito y se encuentran en cualquier caso amparadas por la inmunidad de opinión más absoluta.
Luego, la denunciante no achacha al señor Grande un desorden de conducta sino un claro incumplimiento de la ley. Cuando un funcionario público -en este caso, un legislador de la Nación- omite cumplir con sus deberes, no incurre en un desorden de conducta que pueda ser objeto de reproche por parte de la cámara a la que pertenece.
Y si fuese el caso, como la conducta que se denuncia (en concreto) es potencialmente constitutiva de delito (en abstracto), lógico es que antes de que la Cámara proceda en ninguna dirección espere a que la autoridad encargada de perseguir y juzgar los delitos (en este caso, fiscales y jueces penales de Salta) se pronuncien al respecto.
En otras palabras: para que Grande pueda ser despojado de su acta de diputado por sus propios pares, se requiere, en este caso, que la autoridad pública competente (y no la denunciante) soliciten a la cámara la pertinente autorización para proceder contra él y la obtengan, y luego que esta misma autoridad lo condene. Pero no es suficiente que una persona sin autoridad se presente a la cámara a decir «quiero que lo echen, porque se lo merece». Así no funcionan las cosas.
De las declaraciones de la denunciante a la emisora Aries FM, se deduce que, antes que una apología de un delito que no se menciona, de lo que se pretende acusar a Grande es de instigación al suicidio, lo cual sería dificilísimo de probar, pues -equivocado o no- la intención del diputado nacional al reclamar la administración del dióxido de cloro a enfermos de COVID-19 no tiene la intención de estos pacientes se suiciden sino más bien que se curen de su dolencia.
Que Grande haya abanderado las marchas contra la cuarentena puede ser desde repugnante a insolidario, o incluso ilegal desde el punto de vista administrativo. Pero nunca un delito penal.
Y si Grande, como dice la señora Soria, «ha puesto siempre en riesgo la vida de las personas», lo que corresponde es denunciar por otro delito y no por los de apología del delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es lo que ha hecho esta respetable señora.
El señor Grande, por ser diputado nacional, no tiene más responsabilidad penal o cívica que cualquier otro mortal que camine por la calle. Que los políticos estén más expuestos a las denuncias, no quiere decir sin más que se les deba tratar de forma más severa cuando se aplican las leyes, pues, por definición, estas son iguales para todos. Si alguien quiere -como la señora Soria- quiere pensar que los diputados nacionales «deben dar el ejemplo», pues que comience ella a informarse un poco de cómo funciona la ley en estos casos.
Por suerte, los ciudadanos normales no estamos condenados a tener que «sufrir» ejemplos como los del señor Grande. Los diputados nacionales están para hacer las leyes y no para ejercer de «faros morales» de la sociedad, como pretende la denunciante. Allá ella si cree que debe modelar su vida a imagen y semejanza de los políticos «ejemplares».