Esta ley, que fue sancionada de forma tácita por la Legislatura provincial al haber caducado el plazo constitucional para la aprobación o rechazo del Decreto 255/2020 de 31 de marzo, crea una insólita figura penal castigada con arresto de hasta 60 días, que puede ser impuesto de forma expeditiva y automáticamente ejecutiva por una simple decisión del Jefe de Policía, sin intervención de ninguna autoridad judicial.
La ley y sus absurdos términos han concitado el rechazo prácticamente unánime de defensores y defensoras de los Derechos Humanos, hasta el punto de que el Secretario de Derechos Humanos del gobierno federal ha interpuesto ante los tribunales salteños una acción de habeas corpus colectivo a fin de que la ley pierda su vigencia y se declare que afecta derechos fundamentales tutelados en las constituciones y los instrumentos internacionales que el estado Argentino se ha comprometido a aplicar en su territorio.
Frente a esta situación, que muchos han calificado de escandalosa, el Ministro de Gobierno de Sáenz, Ricardo Villada ha salido a proclamar que el gobierno respeta los derechos humanos y que la intención de la norma no es sancionar. Lo desmiente casi medio millar de denuncias formuladas por los ciudadanos ante las autoridades competentes por abusos policiales y exceso de violencia en los procedimientos.
Lo cierto es que con amparo en una norma que la Legislatura jamás votó, la Policía puede decidir sin limitaciones sobre la libertad ambulatoria de los individuos, detenerlos prácticamente a voluntad, con la excusa del incumplimiento de unas normas sanitarias que no son para nada claras y que en la mayoría de los casos permiten una desusada discrecionalidad del poder administrador.
La gravedad del asunto no ha resultado indiferente para los diputados provinciales Julio Moreno Ovalle, Cristina Fiore Viñuales, Héctor Martín Chibán, Santiago Godoy, Jesús R. Villa, Gladys Moisés, Carlos Zapata, Claudio del Pla y Franco Hernández Berni. Los nueve han suscrito un breve proyecto de ley que apunta a la derogación de la ley 8101, inspirado en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanos de Salta.
Durante la sesión de ayer, el diputado radical por el Departamento de la Capital, Héctor Martín Chibán, ha dicho que «es urgente derogar la ley» y, en línea con los fundamentos que acompañan al proyecto, ha subrayado que «la privación de libertad es una medida desproporcionada y, al mismo tiempo, contraproducente para la prevención de la Covid-19».
Ante esta arremetida de la oposición el presidente del bloque (saencista) Salta Tiene Futuro, diputado Javier Diez Villa, se limitó a invocar la costumbre parlamentaria, alegando que los proyectos que se piden tratar sobre tablas son acordados previamente en la reunión de presidentes de bloques y que tal acuerdo no se había producido.
Esclavo de la costumbre y fundamentalista de las normas no escritas, Diez Villa parece también defender los intereses de la Corte de Justicia, al decir que «Hay una acción planteada ante la Corte y está a resolver; por eso no es oportuno». Quizá en su empeño por respetar las normas que «se cree» disciplinan los procedimientos parlamentarios, el señor Diez Villa no se haya tomado la molestia de enterarse de que las acciones judiciales entabladas ante la Corte de Justicia o ante cualquier tribunal de la Provincia, de cualquier naturaleza que sean no impiden la derogación de una ley en cualquier momento ni son capaces de paralizar o suspender los procedimientos parlamentarios.