A pesar de que tanto las acordadas como el proyecto de ley en sí mismo fueron objeto en su momento de duras y fundadas críticas (una de ellas formulada por el propio Colegio de Abogados y Procuradores de Salta), el Senado provincial, con el dictamen favorable de su comisión de Legislación General, terminó de dar forma a una operación política opaca y servil que no solamente deja muy mal parada a la Corte de Justicia sino que desnuda también la inexplicable debilidad de un gobierno al que una cúpula judicial cada vez más alejada de las necesidades y la simpatía de los ciudadanos parece haberle tomado definitivamente el tiempo.
Aprovechando la confusión provocada por la amenaza del coronavirus y el alocado despliegue de medidas urgentes y superpuestas, la Corte de Justicia de Salta, que no ha querido resignar su protagonismo en la emergencia, salió al ruedo imponiendo por su sola voluntad un muy cuestionable recorte en los derechos de los justiciables y de sus representantes procesales. El resultado se tradujo en una severa limitación al derecho de las partes a acceder a los expedientes judiciales y de controlar la autenticidad y regularidad de determinadas actuaciones, sin haber siquiera alcanzado un consenso mínimo acerca de la implantación y uso de medios telemáticos para la gestión de los asuntos, y sin preocuparse en absoluto por la negativa repercusión que sus medidas urgentes habrían de tener sobre algunos sujetos procesales vulnerables como los menores, los incapaces y las personas sin recursos.
Las protestas de importantes magistrados como la Asesora General de Incapaces o el Defensor General de la Provincia, que expusieron sus reparos ante la Cámara de Senadores, no han sido tenidas en consideración por los legisladores.
A pesar de la inusitada gravedad que supone el que un tribunal carente de cualquier legitimidad democrática, cuyos mecanismos internos son además discrecionales y están exentos de todo control, haya resuelto por las suyas invadir las soberanas facultades de la representación parlamentaria del pueblo de la Provincia de Salta, el gobierno se ha prestado al juego y -consciente de la irregularidad que supone la modificación de las normas procesales por los propios jueces que deben aplicar dichas normas- ha enviado un «parche» a la Legislatura, en forma de proyecto de ley, con el fin de no dejar más en evidencia todavía la osadía de los miembros del todopoderoso tribunal salteño.
La Legislatura de Salta ha terminado tragándose el amague y comprando argumentos prefabricados (como la garantía del debido proceso, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa en juicio) que nada tienen que ver con la realidad de las regulaciones aprobadas, ha decidido que las acordadas de la vergüenza son ley de la Provincia.
Lo cual es lo mismo que decir que ha aceptado que los jueces de la Corte de Justicia de Salta -que ahora son nueve pero que pueden despachar asuntos solo con el voto del 44,5% de sus integrantes- ejerzan de legisladores sin debates ni controles y sobre materias que integran la esfera de competencias exclusiva de la Legislatura provincial.