Analía Berruezo ningunea a la Cámara de Senadores al enviar a tres funcionarios de segunda línea en su lugar

  • La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno provincial de Salta, Analía Berruezo, ha desairado a los senadores provinciales que la habían convocado para que informara en persona a la cámara sobre el conflicto laboral docente, que todavía no ha sido solucionado totalmente por el gobierno provincial.
  • Como Sarmiento, pero al revés

En su lugar, Berruezo ha enviado a enfrentar a los senadores al Secretario de Gestión Administrativa y Recursos Humanos de su ministerio, señor Alejandro Gaudelli, al coordinador general Enrique Barrios y la Directora de Infraestructura Edilicia, Carolina Martínez.


La negativa de la ministra a acudir la convocatoria de los senadores, amparada en normas constitucionales, ha sido ampliamente comentada no solo en el Senado provincial, en donde era palpable el disgusto, sino también en los medios de comunicación que han interpretado que la ministra ha eludido y despreciado a los senadores.

Según la información oficial del gobierno de Salta, Gaudelli, Barrios y Martínez expusieron sobre las reuniones que han mantenido con los docentes en huelga desde las vacaciones invierno, pero no han aportado otra información diferente a la que ya había sido recogida con profusión por los distintos medios.

Uno de los temas más espinosos -el de la recuperación de los días perdidos por huelga- se mantiene todavía en la incertidumbre, por cuanto si bien el gobierno dice haber formulado un plan de recuperación de contenidos, con el propósito de las escuelas «garanticen el desarrollo de capacidades fundamentales para acreditar el año lectivo», no parece muy claro que este plan se vaya a llevar a efecto. No solo por la reticencia de los maestros sino porque el gobierno ha dejado en manos de las escuelas la responsabilidad de presentar una propuesta de recuperación.

Dice el gobierno que, cada escuela, «de acuerdo al contexto vivido durante la no prestación del servicio» formulará a tales efectos un «proyecto pedagógico prioritario» en el que deberán participar supervisores, equipos directivos y docentes. Fuentes cercanas a estos últimos han subrayado que la mayoría de las escuelas no está en condiciones de formular este proyecto y que la colaboración en el mismo de los docentes es dudosa, entre otros motivos porque supone un allanamiento del derecho de huelga.