El proyecto ha sido mínimamente modificado en el Senado, que eliminó del artículo 4º la posibilidad de que los jueces del nuevo tribunal puedan ser reemplazados, en casos de ausencia, recusación o impedimento, por sus colegas del orden jurisdiccional del trabajo.
Es por este motivo que la Cámara de Diputados, que ya lo había aprobado tal cual el gobierno lo había enviado, deberá ahora volver a tratarlo.
La clave de esta sesión serán los artículos 11 y 12 de la norma que prevén una convocatoria «inmediata» al Consejo de la Magistratura y un plazo máximo de 30 días naturales para que el nuevo tribunal comience a funcionar.
De la urgencia del gobierno por poner en marcha esta ley se deduce que es el gobernador Urtubey el que quiere designar a los cinco nuevos magistrados y aprovechar de hacerlo antes de que caduque el tercero de sus mandatos, lo que ocurrirá en poco más de cuatro meses.
Críticas
Juan Manuel Urtubey ha remitido recientemente a la Legislatura provincial (y no ha grabado ningún vídeo para anunciarlo; es decir, lo ha hecho en el mayor secreto) un espantoso proyecto de ley para crear, antes de dejar el cargo, un tribunal de apelaciones en la materia del contencioso administrativo, compuesto por tres jueces.El nuevo tribunal nace con la misión institucional de conocer de los recursos que se interpongan contra las decisiones de los dos únicos magistrados de primera instancia que actualmente existen en esa jurisdicción. A ello se suma la designación de dos nuevos fiscales para la misma jurisdicción, que harían tres, si se tiene en cuenta al recientemente nombrado fiscal ante la Corte de Justicia. Así, de una sola tacada, Urtubey designará cinco magistrados en donde hasta ahora solo había dos.
Si bien se trata de un asunto largamente postergado y previsto en una cláusula transitoria de la Constitución provincial, casi todos los especialistas consultados coinciden en señalar que se trata de una maniobra que se inscribe en la misma línea que el abortado proyecto de blindaje legal de los jueces y la fracasada acción popular de inconstitucionalidad.
Es decir, no se trata de un proceso legal limpio y transparente para dotar de agilidad y eficacia a una parcela de la jurisdicción necesitada desde hace tiempo de un mayor número de órganos y de una creciente especialización, sino de un mero juego de poder que se despliega con la intención de aprovechar el viento favorable de una Legislatura dócil y poco exigente y que tendrá como resultado -si es que nadie lo remedia a tiempo- que los recursos que hasta hoy decidía en exclusiva una Corte integrada por jueces temporales, pasen a ser resueltos por un tribunal «de amigos del poder» compuesto por jueces vitalicios, designados con la misma ecuanimidad y manga ancha con que se designan los jueces en otros órdenes jurisdiccionales considerados sensibles por el gobierno.
La noticia más sorprendente es que el proyecto de ley que Urtubey envió a la Legislatura para dar vida a este nuevo tribunal ha pasado sin mayores problemas por el filtro de la Cámara de Diputados, que lo ha aprobado sin modificaciones, lo cual no puede sino llamar la atención.
Y llama la atención especialmente porque ninguna voz se ha escuchado en la Cámara de Diputados que cuestione los términos realmente inusuales de este proyecto, y que luego veremos con detalle.
También es llamativo que los que se llaman a sí mismos observadores de la calidad institucional de Salta y que tan preocupados les gusta mostrarse cuando el gobierno intenta meter mano en la justicia, no hayan dicho nada sobre un proyecto que de forma brutal conmina al Consejo de la Magistratura a convocar «inmediatamente» (esto es, sin intervalo de tiempo) los concursos públicos para seleccionar aspirantes a ocupar los cinco nuevos cargos de jueces y fiscales (artículo 11 del proyecto), y establece un plazo de solo 30 días (no es broma) para que el nuevo tribunal comience a funcionar, una vez resuelto el concurso (artículo 12).
Bien leído, esto quiere decir que, una vez decidido el concurso por el Consejo de la Magistratura, el Gobernador deberá elegir en cuestión de pocos minutos a los cinco nuevos entre los quince que conforman las cinco ternas y, una vez adoptada su decisión, deberá remitir sin demora los antecedentes de los elegidos al Senado. El exiguo plazo de 30 días es una falta de respeto mayúscula al Senado provincial, por cuanto le impide absolutamente estudiar con seriedad los antecedentes de cinco personas. ¿Cómo es posible que ni los diputados y los senadores se hayan dado cuenta de esto?
Todo indica, pues, que Urtubey se propone dar vida a un tribunal express y que está obsesionado por ser él quien designe a los nuevos tres jueces y dos fiscales antes de irse. Sabe que le queda poco tiempo para concretar la maniobra, y de ahí los insólitos plazos previstos en el proyecto. Si la jugada es coronada por el éxito, Urtubey será con toda seguridad el Gobernador que más jueces ha designado en toda la historia institucional de Salta y el que, sin dudas, más y peor ha condicionado con sus decisiones la configuración del Poder Judicial.
En este nuevo tribunal casi con seguridad se sentarán personas de su confianza (Robbio Saravia, Calletti, etc.). Pero lo que se pretende con este proyecto no solo es el control total del Poder Judicial a través de los amigos sino también que en un plazo inusualmente breve el nuevo tribunal de apelaciones comience a resolver complejas controversias jurídicas en las que se ventilan los intereses del mayor empleador y agente económico de Salta que es el omnipresente Estado provincial. La interposición de este tribunal de segunda instancia en la enclenque estructura judicial salteña hará que en el futuro la Corte de Justicia solo pueda conocer de estos asuntos por vía de recursos extraordinarios, cuya admisibilidad es, como todo el mundo sabe, restringida.
El próximo Gobernador de Salta no tendrá, pues, la posibilidad ni de convocar los concursos, ni de poner en marcha la previsión de la cláusula transitoria cuarta de la Constitución, ni de seleccionar al elegido de las ternas, ni de enviar al Senado sus pliegos o designarlos por Decreto. Y no lo podrá hacer aun sabiendo que en ese orden jurisdiccional se decidirán cuestiones clave del futuro gobierno. Es llamativo -insisto- que a poco menos de cinco meses para que Urtubey haga las valijas definitivamente y abandone el cargo de Gobernador, intente revolver el ya de por sí revuelto avispero judicial con una medida legal de semejante calado y de tan importantes e imprevisibles consecuencias políticas.
Todo ello, sin contar con que al propio Urtubey todavía le quedan tres ases en la ancha manga de la impunidad: uno por cada uno de los jueces de la Corte, que él, en solitario, sin consultar nada más que con su almohada y solo unos días antes de abandonar el cargo, decidirá si merecen o no la renovación de la confianza del Gobernador por seis años más. Cuando ejerza sus facultades, Urtubey habrá designado en menos de un año a cuatro de los siete jueces que cohabitarán forzosamente con el próximo Gobernador de la Provincia.
En suma, los mismos que antes que por la vía del golpe insurreccional quisieron tomar la Corte de Justicia de forma vitalicia, ahora se proponen controlar con mano de hierro la estratégica justicia contencioso administrativa y hacerlo también de por vida, evitando con ello que el próximo Gobernador de Salta, que razonablemente debería ser consultado sobre esta iniciativa, pueda decir algo al respecto.
Urtubey ha tenido 12 años para saldar la deuda con la cláusula transitoria cuarta de la Constitución, pero ahora, faltando solo cuatro meses para dejar la oficina -en tiempo de descuento- le han entrado las prisas y mueve ficha en un área especialmente sensible del Poder Judicial. Los angustiosos términos temporales de la ley proyectada -no advertidos ni por los diputados opositores (tanto por los descrucificadores como por los otros) ni por el tuerto Focis- hacen pensar que el gobierno se está moviendo nerviosamente, in extremis, para poder colocar en cargos clave a alguna mano de obra que pasará a estar desocupada a partir del próximo 11 de diciembre.
Según lo que se comenta en los tribunales, los mismos que pretendieron reformar la Constitución por sentencia vuelven ahora a la carga con este proyecto, que de resultar aprobado, haría las veces de «premio consuelo» para quienes, gracias a la férrea oposición de un puñado de hombres y mujeres convencidos del carácter antirrepublicano de la intentona, vieron cómo el año pasado el sentido común frenaba una reforma constitucional espuria y orientada a asegurar el poder ultra vires.
El proyecto de ley, al que el Senado le quitó una sola línea (artículo 4), deberá volver a la Cámara de Diputados, en donde se espera que sea discutido de nuevo el próximo martes. Se verá en esta ocasión si los opositores al gobierno son realmente lo que dicen que son y si los que están detrás de los candidatos a Gobernador con más probabilidades de ganar son tan avispados como se les supone.