El Secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta, señor Federico Uldry Fuentes, ha descalificado duramente las opiniones del diputado provincial Andrés Suriani, en lo que ha sido interpretado como una indebida injerencia del Poder Ejecutivo en la libertad de opinión reforzada de que gozan los parlamentarios.
Si bien las expresiones de Suriani son inaceptables desde cualquier punto de vista, no es al gobierno al que le corresponde censurarlas, pues se lo prohíbe expresamente la Constitución provincial.
No obstante, la intervención del señor Uldry ha dejado más que claro que el gobierno al que pertenece, no solo desprecia la independencia de los poderes del Estado, sino que además se ha creído su papel de polea de transmisión de una visión particular sobre delicadísimas cuestiones en las que debería mantener la neutralidad más estricta.
Negando la libertad del diputado para opinar, Uldry -cuya oficina defiende los derechos de todas las personas por igual, sin distinción de creencias, de sexo o de orientación sexual- ha calificado a Suriani de «sexista y homofóbico», asumiendo una postura parcial, incompatible con la definición y alcance universal de los derechos humanos.
El secretario Uldry ha ido más allá al llamar prácticamente «mentiroso» al diputado Suriani, al que reprochó haber hecho una referencia «falaz» a la ley nacional que obliga a impartir educación sexual en las escuelas. Y no solo eso, sino que ha dicho con bastante claridad que Suriani persigue la intención «de sumir a la población en confusión sobre los objetivos de la misma».
Sin embargo, la parte más dura del reproche del señor Uldry es la que acusa a Suriani de utilizar la violencia: «constituye la exhibición de la masculinidad hegemónica que sostiene y legitima estructuras de desigualdad hacia las mujeres y los colectivos de la diversidad por medio de la violencia», ha dicho el Secretario de Derechos Humanos de Salta.
Lo que probablemente no ha advertido el secretario Uldry es que, por repugnantes que fuesen, las afirmaciones del diputado Suriani han sido manifestadas en el ejercicio de sus funciones y que están protegidas por la prerrogativa de la inviolabilidad.
En la misma situación se encuentra una subordinada del señor Uldry, la Subsecretaria de Políticas de Género, señora Rosaura Gareca, quien también ha hecho comentarios derogatorios sobre el diputado Suriani.
Llamativo es, en todo caso, que ni Uldry ni Gareca han dicho una palabra cuando los comentarios homofóbicos, transfóbicos y sexistas son vertidos por el diputado nacional Alfredo Horacio Olmedo, aliado estratégico del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Si bien puede discutirse hasta el infinito la exacta delimitación del ámbito funcional de un diputado provincial, el artículo 120 de la Constitución provincial consagra de forma muy precisa la inviolabilidad de la opinión de los miembros de las cámaras de la Legislatura, de la cual se deriva la imposibilidad absoluta, no solo de que los legisladores puedan ser sometidos a proceso judicial por las opiniones que emitan, sino también de que «autoridad alguna» (por ejemplo, un secretario del gobierno) pueda «reconvenirlos» (censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho), incluso después de que el opinante haya cesado en su cargo de legislador.
El arrebato supuestamente antisexista y antihomófobo del secretario Uldry lesiona, pues, derechos más importantes de los que dice proteger, y es por esta razón que cualquier legislador provincial (puesto que los privilegios parlamentarios son de titularidad colectiva y no individual) puede plantear una cuestión de privilegio con objeto de hacer respetar el artículo 120 de la Constitución y la independencia de los poderes, y emitir una declaración en la que repruebe al secretario Uldry y advierta al gobierno de que no puede atacar de esta ni de ninguna otra forma los privilegios parlamentarios.
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