Desde hace algunas semanas, el Gobernador de Salta viene argumentando que el principio de separación de poderes (que no es solo republicano, como él dice, porque también rige en las monarquías parlamentarias) le impide dar a los senadores nacionales por Salta instrucciones sobre cómo votar las leyes.
El argumento es doblemente falso, por las razones que intentaré resumir a continuación.
Una de las primeras cuestiones que se debe tener en cuenta es la distinta base representativa de los diputados y senadores que integran el Congreso Nacional. Así, mientras los primeros representan al pueblo de la Nación (no a los habitantes de la circunscripción que los ha elegido), los segundos representan a cada una de las provincias que los eligen, como entidades políticas autónomas (no al pueblo que vive en ellas, ni a su gobierno).
El Gobernador de la Provincia es, a todos los efectos, Jefe del Estado provincial y, desde este punto de vista, encarna la representación exterior de los tres poderes constituidos de su Provincia. Y si bien los senadores no están sujetos a mandato imperativo alguno (ni de sus electores, ni de la provincia que los constituye) parece claro que la Provincia, como tal, no solo puede sino que también debe comunicarse con ellos para decirles cómo han de votar un asunto determinado, sin que esta instrucción deba ser considerada ineludible por los senadores.
Quien debe hacer este trabajo no es sino quien representa a la Provincia ante los poderes federales; es decir el Gobernador. Si él no emite las instrucciones que considera convenientes y oportunas, lo que está haciendo es dejación de sus obligaciones como máximo Jefe del Estado provincial.
Pero aunque este argumento tan sencillo fuese desatendido, lo mismo el señor Juan Manuel Urtubey está perfectamente facultado y obligado a instruir a los senadores nacionales por Salta, porque los tres (Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore) pertenecen (han pertenecido o han sido electo gracias) al Partido Justicialista de Salta, que preside precisamente Juan Manuel Urtubey.
Es decir, que le corresponde a Urtubey dar instrucciones a los senadores nacionales por Salta, no tanto por ser Gobernador de la Provincia, sino por ser presidente del Partido Justicialista.
Está clarísimo que Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore han recibido su mandato de los electores, pero los tres han sido elegidos como candidatos en las listas de un partido a cuyo programa se supone han adherido y en cuyo marco deben actuar si lo que pretenden es ejercer adecuadamente la representación conferida. Si no fuera así -es decir, si cada uno de ellos, una vez electos, se desligara del partido y utilizara los votos según «su conciencia»-, desaparecería la única forma de control que tienen los ciudadanos sobre los electos: el voto en las elecciones.
Expliquémoslo de otra manera: En una democracia representativa como la nuestra, cuando un senador deja de obedecer lo que le dice su partido y va por libre, automáticamente pasa a convertirse en «irresponsable electoral», con todo lo que ello significa.
A pesar de su creciente deterioro y de su virtual inutilidad, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y la base absoluta de nuestro sistema electoral, ya que en las elecciones votamos a los partidos que son los que ostentan el monopolio de postulación de candidaturas. Si somos capaces de no perder de vista este detalle, veremos también que nuestro voto solo es efectivo en la medida en que condiciona o limita las acciones que pueden desarrollar los representantes electos, a través de la influencia de los partidos que hemos votado. Es decir que, si una vez electos, diputados y senadores resuelven desligarse de las ataduras partidarias, si dejan de estar vinculados a las directrices que emanan de los partidos, el ciudadano pierde totalmente el control de los actos de sus representantes, porque ya luego no puede castigar «al partido» en las próximas elecciones.
Como ha escrito el recientemente fallecido Francisco Rubio Llorente, exmagistrado del Tribunal Constitucional español y expresidente del Consejo de Estado, la libertad de los parlamentarios electos «requiere que el partido actúe como una unidad de decisión, y este requisito no es compatible con la plena libertad de los representantes individuales, quienes son libres en su relación con los electores, pero no en su relación con el partido, al que deben obediencia».
La misma ilustre pluma ha escrito también que existe la evidencia de que el representante ha sido elegido como candidato de un partido con un determinado programa, no en razón solo de su persona o sus propuestas. Por tanto, «renegar de esa imagen pública con la que apareció ante los electores para recabar su plena libertad frente al partido, significaría, se dice, o bien que los engañó antes de votar, o que los traiciona después».
Así las cosas, el Gobernador de Salta, tanto como único representante exterior de la autonomía provincial ante los poderes federales cuanto como presidente del Partido Justicialista de Salta está obligado a dar instrucciones de voto a los senadores nacionales. No hacerlo no significa respetar la división de poderes sino todo lo contrario; es decir, romper con las reglas de la república, en nombre de la cobardía, del cálculo o de ambas cosas a la vez.
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