Los diputados provinciales Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez, de la Unión Cívica Radical, y Gladys Moisés, Norma Lizárraga y Martín de los Ríos, del PRO, han registrado en la mesa de entradas de la cámara baja provincial un escrito en el que solicitan el enjuiciamiento y la destitución del presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano.
La pretensión de los legisladores se funda en las «maniobras» del presidente de la Corte para declarar inconstitucional, mediante una sentencia judicial, el precepto que establece la duración limitada a seis años del mandato de los jueces de aquel tribunal.
Según los diputados, la responsabilidad política de Catalano nace de las graves omisiones de los deberes impuestos por su cargo en relación con el trámite procesal de las dos acciones populares de inconstitucionalidad interpuestas por un magistrado jubilado y por una asociación de jueces directamente controlada por el presidente de la Corte.
A juicio de los legisladores, las dos acciones debieron ser inadmitidas a trámite (rechazadas in limine litis). Entienden los diputados que la Constitución de Salta no es una norma de las previstas en el ámbito objetivo de la acción popular de inconstitucionalidad, tanto en la regulación que de la misma efectúa la propia Constitucón, como en su posterior desarrollo legislativo, producto de una iniciativa de la propia Corte de Justicia.
Recuerdan los legisladores que frente a la abstención de los jueces que integran la Corte de Justicia, Catalano convocó a sorteo de jueces de reemplazo, pero lo hizo, sin explicación alguna, entre los miembros del Tribunal de Impugnación, un órgano del orden jurisdiccional de lo penal.
En una comunicación oficial difundida esta misma mañana a los medios, los diputados dicen que el irregular sorteo «tiñe de sospecha todo el asunto y termina de demostrar el mal desempeño, dado que, según entienden, no existía motivo alguno para optar por este tribunal penal, que es además donde se desempeñan dos de los jueces que plantearon la demanda».
Los diputados han acompañado a su escrito una investigación que demuestra que en casos similares (de abstenciones de alguno de sus integrantes) la Corte recurrió siempre a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, lo que indica que podría tratarse de una maniobra realizada a propósito para desviar ilegalmente el asunto y someterlo a un tribunal vinculado por estrechos lazos de amistad con el propio Catalano.
Subrayan también que en el Tribunal de Impugnación se desempeñan tres jueces jubilados, que fueron convocados de forma provisional desde su retiro para cubrir vacantes por el mismo Catalano, en virtud de una Acordada, que los diputados consideran inconstitucional.
Los jueces jubilados fueron incluidos en el sorteo para conformar la Corte de Justicia que en teoría debe juzgar la constitucionalidad de la propia Constitución, a pesar de que existen antecedentes -en concreto, una resolución firmada por el propio Catalano- en los que la Corte ha decidido que solo pueden integrar el alto tribunal, en caso de abstención de sus miembros habituales, jueces de segunda instancia que desempeñan su plaza en propiedad y hayan sido designados de forma regular.
“No se trata de errores, y es gravísimo”, ha dicho al respecto el diputado Héctor Chibán, quien ha agregado que en este proceso más que en ningún otro la Corte está obligada a actuar con «extrema prudencia».
Según Chibán, los ciudadanos no esperan de sus legisladores que sean ingenuos y que dejen pasar asuntos tan graves como este. «Lo que ha quedado en entredicho es nada menos que la credibilidad del Poder Judicial, el garante todos nuestros derechos y libertade».
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