Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Salta han presentado a la cámara un proyecto para crear una comisión especial que investigue las denuncias contra el Intendente Municipal de Rivadavia Banda Sur, el peronista Leopoldo Cuenca, sospechado de ser el autor de diversas maniobras de apropiación de tierras, en su beneficio y en el de su entorno familiar.
Según una comunicación oficial de los diputados radicales salteños, la comisión que se propone conformar se ocupará de estudiar la compatibilidad de las actuaciones de Cuenca como Intendente con su rol de agente estatal en el programa de regularización dominical del gobierno provincial.
La misma información señala que se trata de averiguar si existen o no bases serias para entender que el peronista Cuenca se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de poseedores y propietarios, y su propia posición de preeminencia, para lograr beneficios personales o para su entorno.
Proponen también los radicales analizar las acusaciones de enriquecimiento injustificado de Cuenca, así como las denuncias sobre la ilegítima utilización de la fuerza policial en su Municipio, en beneficio de intereses particulares, así como la falta de respuesta de parte de las fuerzas de seguridad, la Auditoría General de la Provincia, el Ministerio Público y la justicia provincial ante esas presuntas irregularidades.
Por último, según dice el comunicado radical, la comisión propuesta tendrá como misión investigar la presunta vinculación de las actuaciones de Leopoldo Cuenca «con estrategias relacionadas a los intereses del narcotráfico». El proyecto que así lo sugiere lleva la firma de los diputados provinciales Héctor Martín Chibán y Mario Mimessi.
De aprobarse esta iniciativa, la eventual comisión investigadora estaría conformada por siete diputados, designados por la presidencia de la cámara, a instancias de los diferentes grupos parlamentarios, «propiciando la proporcionalidad política».
La comisión debería redactar un informe final y someterlo al pleno de la cámara, en el que se detallen las conclusiones a que ha llegado sobre los hechos investigados. El plazo para la emisión de este informe es de noventa días desde su conformación efectiva. El informe deberá precisar las responsabilidades que pudieran emerger de la investigación, efectuando las recomendaciones al pleno para su decisión.
Según los radicales, la actuación de Leopoldo Cuenca «estaría perjudicando las posibilidades de desarrollo de la zona, dado que se habrían visto afectados también inversores que adquirieron tierras para ponerlas en producción».
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