El Intendente Municipal de Salta, Miguel Isa, ha ordenado pagar la deuda contraída con trabajadores los afectados por el Decreto Municipal 0005/2003, sancionado por el entonces Intendente Alejandro San Millán, hoy integrante de las filas del romerismo. Señala la información oficial de la Municipalidad de Salta que la decisión del actual Intendente comprende no solo a los trabajadores que reclamaron judicialmente el pago de su sueldo sino también a los que no lo hicieron.
El portavoz de prensa de la Municipalidad ha recordado que el Decreto 0005/2003 resolvió en su momento «ajustar los gastos de la comuna con el fin de lograr equilibrio financiero», pero que la variable de ajuste, en aquel momento, fueron los empleados que ahora están siendo compensados por la Municipalidad.
La misma fuente dice que aquel Decreto fue dictado con amparo en las sucesivas leyes de emergencia económica y en las ordenanzas municipales que dispusieron la adhesión a aquéllas y su aplicación provocó la reducción de los salarios de los trabajadores municipales y desencadenó un proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«A mediados de septiembre terminamos de cancelar casi al 100% de quienes pertenecían a la gestión que generó la injusta deuda y ya están jubilados. Quienes todavía se encuentran en actividad percibirán la segunda cuota pactada y estamos terminando de reglamentar la metodología de pago a herederos de exempleados, fallecidos a la fecha, y con derecho a percibir alguna diferencia salarial», ha explicado el Subsecretario de Recursos Humanos, señor Rodrigo Fernández.
El funcionario detalló que en agosto se pagaron más de 1.600.000 pesos y que para septiembre está previsto un desembolso de $2.200.000. En total, serán 10 millones de pesos los que la Municipalidad destinará a la cancelación de este débito.
«Estuve analizando, junto a las partes del proceso judicial, la posibilidad de restituir los importes descontados a los empleados municipales que vieron reducidos sus salarios en un lapso de tiempo, como consecuencia de las medidas de contención de gastos y que, por razones de justicia social, no debió recaer en el segmento más vulnerable de una organización, como son los trabajadores», dijo el intendente Isa.
La Municipalidad recuerda que mientras que la sentencia judicial ha condenado a pagar solo a 200 personas, el Intendente ha decidido hacer frente a la deuda contraída con los 1.900 trabajadores afectados en aquel momento.