A través de un breve comunicado de prensa, el diputado Héctor Martín Chibán denuncia el intento de amedrentamiento a Sonia Escudero, que el legislador atribuye sin dudar a las críticas que la actual candidata a convencional constituyente por el Frente de Todos viene efectuando y que se dirigen a cuestionar la eficacia y el talante democrático de «un sistema judicial cada vez más cuestionado por la sociedad salteña».
En su mensaje de apoyo a Escudero, Chibán valora positivamente la enérgica reacción de la exlegisladora nacional, que «acusó al juez Luciano Martini de abuso de poder, luego de que este entablara una demanda en su contra en la que solicitó una indemnización de $5.000.000, el embargo de todos sus bienes y la prohibición de su salida del país» (textual del parte de prensa de Chibán).
Chibán dice en su comunicación de prensa que, con su querella, «Martini busca silenciar las fundadas críticas de Escudero, justo en el momento en el que la sociedad salteña reclama conocer aspectos significativos de la reforma constitucional que se avecina».
El diputado provincial no dejó de recordar que el juez querellante «cumplió un rol central en la formación de la Asociación de Jueces de Salta, organización que presidió y que además intentó alterar el espíritu (y la letra) de la Constitución de Salta a través de una sentencia judicial en beneficio de los jueces de la Corte».
En línea con los argumentos expuestos por Escudero en su libro Víctimas de la Justicia Patriarcal, Héctor Chibán ha observado que algunas decisiones del juez Luciano Martini «se vieron teñidas por intereses de los ámbitos político y policial en causas emblemáticas como la del crimen de las turistas francesas».
«Hoy la sociedad necesita que el Poder Judicial esté integrado y liderado por personas idóneas, probas, con valores republicanos y vocación democrática», ha dicho el diputado salteño.
Chibán afirma finalmente que «el amedrentamiento judicial del que es víctima Escudero evidencia el deterioro institucional que resume todo lo que no queremos, además de constituir un claro atropello a la libertad de expresión».