La comisión del parlamento catalán que investiga el escándalo de corrupción política que tiene como protagonista a Jordi Pujol, el hombre que gobernó Cataluña durante casi catorce años, ha citado a declarar hoy al actual president de la Generalitat, Artur Mas. El objetivo de esta comparecencia es que Mas -que fue un alto responsable político durante el gobierno de Pujol y que posteriormente se convirtió en su delfín- explique a los parlamentarios si conocía las operaciones presuntamente corruptas de Pujol y qué vínculos existen entre éstas, el partido Convergencia Democrática de Catalunya y la coalición Convergencia i Unió, que sostiene a Mas en el gobierno.
Muchos creen que es imposible que Mas, por los cargos que ocupaba entonces, no conociera de los negocios de Pujol y de su familia, que hoy son investigados por la justicia.
Urtubey y Romero
Todos los presuntos escándalos de corrupción del largo gobierno de Juan Carlos Romero (12 años seguidos) se produjeron mientras el actual Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ocupaba altos cargos en el mismo gobierno.Muchos creen que es imposible que Urtubey, por la importancia de los cargos que ocupaba entonces y por la influencia que tenía sobre Romero, ignorase absolutamente las operaciones de corrupción inmobiliaria que hoy investigan los jueces, como el caso La Ciénaga o el del hangar del Aeropuerto Salta, entre otros.
Sin embargo, Urtubey no ha sido citado a declarar por ningún fiscal, por ningún juez, por ninguna comisión parlamentaria, cuando su deber es el de explicar, a la justicia y a los ciudadanos, por qué motivo calló frente a los atropellos y corruptelas del gobierno de Romero. Tampoco ha explicado por qué incorporó a su gobierno al 75% de los funcionarios que trabajaron con Romero.
En los últimos días, Urtubey ha dejado caer que el gobierno de Romero -al que él pertenecía- actuaba en connivencia con redes de narcotraficantes. Jamás nadie le ha pedido al actual Gobernador precisiones sobre estas acusaciones y, mucho menos, se le ha exigido explicaciones de su propia responsabilidad en los asuntos que se investigan. Nunca dijo Urtubey, por ejemplo, por qué no denunció antes los delitos de los que hoy acusa a Romero.
El caso de Cataluña, en donde el presidente de la Generalitat ha sido citado e interrogado a fondo por sus vínculos con Pujol, demuestra que el ejercicio actual del poder no desliga a los gobernantes de su pasado político, por el que deben dar también explicaciones.
Así como los catalanes creen que el president Mas debería dimitir de su cargo si se demuestra que conocía las actuaciones corruptas de Pujol y de sus hijos, los salteños ni por asomo se disponen a exigir la renuncia de Urtubey, a pesar de ser más que evidente que conoció y amparó los actos más oscuros de la administración romerista.
Es evidente, en definitiva, que en Salta rigen otros «códigos», pues mientras Romero elude y obstruye la actuación de la justicia, Urtubey se empeña en acusarlo de las cosas más bárbaras, sin proporcionar a los ciudadanos las explicaciones y las razones que lo llevaron a apoyar, hasta último momento, a un gobierno presuntamente corrupto y facilitador del narcotráfico.