
Pese a haber dedicado más de tres cuartas partes del 2018 a cimentar su campaña proselitista, con visible abandono de sus responsabilidades como Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey ha considerado que el año pasado no fue un «año electoral» y por lo tanto ha resuelto postergar hasta los primeros días de 2019 el anuncio de que será candidato a Presidente de la Nación.
El anuncio -poco novedoso, por donde se lo quiera mirar- ha sido efectuado a varios medios de comunicación, entre ellos el diario El Tribuno de Salta, el mismo periódico al que el propio Urtubey y sus principales seguidores, poco antes de las elecciones provinciales de 2015, intentaron minar su credibilidad colgándole las peores etiquetas y vinculando a su propietario con actividades delictivas.
La entrevista que publican hoy El Tribuno, La Nación e Infobae al flamante candidato a Presidente contiene pasajes llamativos, como por ejemplo el que se abre con la invitación del entrevistador a que Urtubey haga una autocrítica de su largos años como Gobernador de Salta.
Muy lejos de ensayar la autocrítica solicitada, el Gobernador y candidato a Presidente respondió con dos argumentos: uno defensivo (la teórica dificultad para lograr mejores indicadores sociales en Salta, algo que Urtubey no atribuye a la torpeza propia sino a los condicionantes de la «situación macro del país») y otro ofensivo (las nuevas cifras de la mortalidad infantil y de mortalidad materna, que incluso en los países más pobres y atrasados del mundo vienen descendiendo de manera acelerada).
Es decir que la respuesta fue: autocrítica cero.
Jubilaciones y trabajo en negro
Uno de los momentos más grotescos de la entrevista al engolado candidato a Presidente ha llegado cuando el entrevistador le ha pedido a Urtubey precisiones sobre su futura política económica.A decir verdad, el candidato ha anunciado propósitos grandilocuentes (compatibles con una política de «manos libres») pero ninguna medida concreta, como se desprende de la lectura detallada del contenido de la entrevista.
Así por ejemplo, ha dicho que «hay que mejorar las condiciones de financiamiento del sistema previsional», pero no ha dicho qué medidas habrá de tomar -en caso de tener la suerte de que lo elijan- para hacer financieramente sostenible un modelo de protección social que, en todo el mundo, no solamente está amenazado por el trabajo informal y el no registrado, sino por el descenso en picado de la cantidad de trabajadores activos y por la cada vez más abundante supresión de puestos de trabajo debido al avance tecnológico.
Para Urtubey, la única solución es «alentar y lograr un 80% del trabajo registrado».
La aspiración no solo es muy modesta (un Presidente que bien se precie debe apuntar a un objetivo de trabajo en negro cero), sino completamente irreal, por cuanto si en algo ha fracasado el gobierno provincial que Urtubey dirige desde hace once años es en sacar a la luz a más de la mitad de las relaciones de trabajo privadas que se entablan en su provincia, que ha visto aumentar sin cesar los indicadores de trabajo no registrado durante su gobierno.
Urtubey ha justificado las altísimas cifras del trabajo en negro en Salta, otra vez, con dos argumentos: 1) el que dice que «la actividad agropecuaria tiene mucha incidencia en nuestra provincia» (hay que recordar que él mismo es propietario de una explotación ganadera y que vive de ella, pues ha renunciado al sueldo de Gobernador); y 2) «el enorme costo laboral», concepto en el que Urtubey solo parece incluir a las cotizaciones de trabajadores y empresas a la seguridad social pero que no incluye los costos regulatorios indirectos (que son abundantes y uniformes en todo el país), más los siniestros costos de la llamada industria del juicio que él ha alentado sin parar en Salta.
Grave contradicción, puesto que si la actividad agropecuaria de Salta es la causante del descalabro de las cifras del trabajo en negro, ¿por qué motivo el gobierno de Urtubey subsidia los cultivos de tabaco, de azúcar y hace lo mismo con otras explotaciones agropecuarias? ¿Es que el Gobernador premia a quienes están fracturando la solidaridad social en Salta y dañando la eficiencia del sistema productivo?
Desarrollismo sin desarrollo
Es realmente curioso que un Gobernador se defina a sí mismo como desarrollista después de gobernar once años con una política económica que ha retrasado el desarrollo de la Provincia de Salta por lo menos 20 años. Como llamativo también es que el mismo Gobernador diga que necesitamos un país cuya prioridad está en generar trabajo, ya que durante el mismo periodo al frente del gobierno de Salta los indicadores de empleo y actividad se han hundido y su gobierno no ha acertado ni con su política de empleo ni con la de formación profesional.En la cima del voluntarismo, Urtubey ha dicho también que quiere una Argentina en donde las variables macroeconómicas se acomoden a una planificación de un gobierno federal, no que las políticas estén condicionadas por variables macro. Sin embargo, no ha dicho cómo va a lograr este propósito.
Semiparlamentarismo y Consejo Económico y Social
Según Urtubey, si la Argentina avanza hacia un gobierno semiparlamentario, en el país habrá políticas de Estado.El cálculo no tiene ni pies ni cabeza, pues el Gobernador de Salta define el semiparlamentarismo como un sistema en el que todas las fuerzas políticas tengan que ponerse de acuerdo, con un Jefe de Gabinete nombrado y removido con acuerdo del Congreso.
Dejando a un lado que esta visión del semiparlamentarismo no resiste el más mínimo análisis, el nombramiento de un Jefe de Gabinete previo acuerdo del Congreso no obliga en absoluto al acuerdo de todas las fuerzas políticas, a menos que la reforma constitucional que instituya este nombramiento exija que se efectúe por unanimidad, algo que más que ayudar a un acuerdo provocaría seguramente un bloqueo político grave e irresoluble.
Hay que recordar también, que solo tres años atrás, cuando Urtubey introdujo en la ley provincial la figura del Jefe de Gabinete, se cuidó bien de elegirlo por su sola voluntad (sin la más mínima participación de la Legislatura). Aun así -sin acuerdo parlamentario- las políticas de Urtubey -todas, sin excepción- son para él políticas de Estado, según se desprende de sus propios discursos.
Otro punto en el que el discurso se divorcia de la realidad es la propuesta de un Consejo Económico y Social en la Argentina, como lo hicimos en la Provincia.
En realidad, el Consejo Económico y Social fue previsto con mucha anterioridad al gobierno de Urtubey, por la Constitución de 1986. El mérito de Urtubey -si es que hay alguno- ha consistido en ponerlo en marcha, pero en vez de haberlo configurado como un órgano de participación de los agentes sociales y como una instancia de consulta de los poderes públicos, Urtubey lo ha convertido en un órgano planificador y lo ha entregado de hecho a la corporación de los contadores públicos, que son los que toman las decisiones en un foro que carece de cualquier influencia en las decisiones sociales y económicas del gobierno.
Si el modelo del futuro Consejo Económico y Social de la Argentina es el de Salta, ya podemos ir descontando su inutilidad.
La competitividad
Urtubey ha hablado de competitividad de la producción, y sobre ella ha dicho que «hace décadas» no había forma de medir los costos de la producción. Probablemente haya querido decir «hace muchos siglos», pues, desde que la Economía ha adquirido el rango de ciencia, quienes se dedican a ella estudian y miden (bien es verdad que cada vez con mayor precisión) los costes de la producción.Pero según Urtubey no ha sido sino hasta ahora que se ha podido medir la incidencia del costo del flete o la riqueza del suelo, en términos de producción agropecuaria.
Otra vez en este punto, el candidato a Presidente dice que el asunto de la competitividad se soluciona bajando los costos (entre ellos, seguramente el salario y a través dumping social, aunque se lo ha guardado), pero no ha dicho en ningún momento qué medidas piensa adoptar para bajar estos costos.
Según la línea del discurso de Urtubey, mientras menos costos tenga la producción, las inversiones extranjeras van a fluir, lo cual da la medida del profundo desconocimiento de la realidad, sobre todo de la economía europea, donde las inversiones extranjeras no dejan de fluir a pesar de que el modelo social impone costos de los que carecen otros sistemas económicos, como el norteamericano o el chino.
Ni renuncia, ni licencia
Sorprendentemente, Urtubey ha dicho -esta vez en una entrevista publicada por el diario La Nación de Buenos Aires- que tiene diez meses de trabajo por delante para darse a conocer al electorado del sur del país.Pero es que los diez meses que tiene por delante son para gobernar Salta y no para dedicarlos a cimentar su imagen en aquellos lugares del país en donde no lo conocen.
Lógico es suponer que si Urtubey está obligado a remontar una cuesta para poder afianzar su candidatura y apuntalar sus chances como candidato, se dedicará a pleno a esta tarea, con lo cual el abandono del gobierno de Salta -que ya fue grave en 2017 y 2018- será gravísimo en 2019.
Aun así, el candidato no se plantea pedir licencia de su cargo, sino solo durante el periodo legal de campaña. Mucho menos tiene pensado renunciar a su cargo. La razón no hay que buscarla en su capacidad para hacer varias cosas a la vez, sino en la visibilidad y a los enormes recursos económicos y de imagen que le proporciona el desempeño del cargo de Gobernador de Salta. Una situación que ya ha sido denunciada por muchos, que creen que son los salteños -los que simpatizan con Urtubey y los que no- quienes están pagando su campaña presidencial.