El abogado Ludovic Beaune, que representa en Francia a los acusadores particulares y actores civiles en el procedimiento judicial que se sigue por el asesinato y violación en Salta de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ha hecho público hoy un comunicado, fechado en París, en el que afirma que la justicia argentina se apresta a denegar la incorporación de los peritajes realizados en Francia y la posibilidad de que los peritos judiciales franceses sean escuchados en el juicio que por estos días se celebra en Salta. Baune dice que los jueces que integran la Salta II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta (Bernardo Ruiz, Ángel Amadeo Longarte y Carlos Héctor Pucheta) tendrían ya lista para notificar a las partes el próximo lunes día 21 de abril una resolución en la que simplemente rechazarán las investigaciones francesas.
El comunicado dice también que las familias de las víctimas reclaman urgentemente que las investigaciones llevadas a cabo en Francia sean tenidas en cuenta por el tribunal de Salta, conjuntamente con la prueba pericial practicada en aquel país, y que los expertos franceses sean citados a declarar y escuchados en el juicio.
En el mismo escrito el abogado Baune sostiene que unos días antes del comienzo de las sesiones del juicio oral, la Secretaría del tribunal hizo saber a las partes que los jueces salteños consideraban convocar a los expertos franceses para escucharlos a través de vídeoconferencia.
A raíz de esto, el letrado se puso en contacto con el juez de instrucción francés Cyril Paquaux -encargado de la investigación en reemplazo Patrick Ramael- quien le aseguró la ejecución inmediata de la asistencia judicial internacional y convocó a los expertos, llegando incluso a reservar una sala de vídeoconferencia en un tribunal de París, a la espera de recibir el requerimiento del tribunal de Salta para concretar esta audiencia.
Añade el comunicado que los servicios consulares también han sido contactados, tanto del lado francés como del argentino, y que ambos han hecho saber que se encuentran a disposición de las autoridades respectivas para asegurar y facilitar las comunicaciones oficiales y la conexión técnica.
Sin embargo -dice el abogado Beaune- desde el primer día del juicio los abogados del acusado Gustavo Lasi se han opuesto, en nombre de su cliente, a la incorporación a los debates del expediente francés, así como de las conclusiones de los expertos franceses y de su audiencia.
El tiempo se agota y las familias están preocupadas
Señala el comunicado que ha transcurrido ya la cuarta semana del juicio y que el tribunal no ha tomado ninguna decisión al respecto; lo cual, teniendo en cuenta las complicaciones técnicas y el hecho de que el juicio terminará dentro de pocos días, compromete seriamente la posibilidad de realizar la audiencia de los peritos franceses por vídeoconferencia.La impresión del abogado de las familias de las víctimas es la de que el tribunal de Salta denegará la convocatoria a esta audiencia por entender que no se ajusta al derecho argentino, en tanto no permitiría un control de las partes sobre la prueba.
Sin embargo -sostiene Baune- que ningún juez de instrucción francés ni un juez del orden jurisdiccional penal se negaría a incoporar a su expediente o a sus debates las conclusiones o las declaraciones de peritos extranjeros, máxime si se trata de un Estado de Derecho, como la República Argentina.
Para el letrado francés, la incoporación de la prueba francesa no compromete en absoluto el derecho de defensa en juicio de los acusados, ya que tanto el juez como el derecho francés les permite contradecir plenamente la prueba, aportar elementos críticos y científicos y solicitar contrapruebas. Es decir, criticar por todos los medios legales las conclusiones de los expertos franceses.
Los alcances de una negativa
Dice el comunicado que si el tribunal de Salta adopta la decisión de rechazar la incorporación de la prueba francesa y la audiencia de los peritos, incurrirá en denegación de la cooperación judicial internacional y en violación del convenio de asistencia judicial recíproca en materia penal suscrito entre Francia y la Argentina el 14 de octubre de 1998, que entró en vigor el 1 de febrero de 2007. En concreto, dice Beaune- se estaría violando el artículo 2 f) que prevé la citación de testigos, de peritos y de personas imputadas.El rechazo a la incorporación de las pruebas francesas supondría también la negación de los intercambios y desplazamientos entre los dos países realizados por profesionales, magistrados e investigadores. Particularmente, pondría en entredicho la seriedad de la demanda de asistencia judicial formulada por el juez de instrucción salteño Martín Pérez y su viaje a Francia en octubre de 2011.
Beaune interpreta también la probable resolución denegatoria del tribunal salteño como un desaire injustificado a los esfuerzos y al trabajo riguroso, exhaustivo y costoso realizado por los expertos franceses; un trabajo pagado por la República Francesa y, por consiguiente, sufragado por los contribuyentes de aquel país.
Finalmente, el comunicado señala que el rechazo a la incorporación de la prueba francesa significará que, a partir de ahora, el autor de un crimen o de un delito (distinción propia del derecho francés) al menos parcialmente cometido en Francia y perseguiro en la Argentina, no se verá inquietado por las investigaciones y estudios periciales realizados en Francia, lo cual será -a juicio del abogado de las familia Bouvier y Moumni- una fuente inaceptable de impunidad de los autores y, paralelamente, de no reparación de las víctimas.