La demanda interpuesta por la abogacía del Estado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y cuyo objeto es obtener la declaración judicial de nulidad del contrato de comodato (préstamo de uso) y donación celebrado durante el gobierno de Juan Carlos Romero entre el Estado salteño y la empresa Finca de la Represa, S.A., vinculada con familiares directos del exmandatario, deberá seguir su trámite, según lo ha ordenado la Corte de Justicia. El alto tribunal provincial ha desestimado el recurso de apelación que había sido interpuesto por la representación procesal de la empresa beneficiaria y en el que se alegó la existencia de prejudicialidad penal; es decir, la existencia de una causa criminal en la que se investigan, como hechos de apariencia delictiva, algunos de los que fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso contencioso administrativo y la certeza de que la decisión del tribunal penal acerca del hecho que se investiga pueda llegar a tener influencia decisiva en la resolución del asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
En concreto, los apelantes esgrimieron la existencia de la causa penal caratulada Romero, «Juan Carlos; Romero, Juan Esteban; Medina, Raúl Romeo; Funes, Ricardo s/ negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en perjuicio de NN», que tramita bajo expediente 102.884/12.
La Corte de Justicia no ha admitido el argumento y recordado que la prejudicialidad penal a que se refiere el artículo 1101 del Código Civil argentino impone la suspensión del dictado de la sentencia civil respecto de la penal, mas no la tramitación del proceso. En rigor, el precepto legal habla de 'condenación' y no de sentencia.
De esta forma, el trámite del juicio anulatorio iniciado por la Provincia, que alcanza no solo al referido contrato sino también a la disposición 104/07 y al decreto 3306/07, seguirá su curso, por lo menos hasta el momento anterior al del pronunciamiento de la sentencia definitiva.